Recurrente 69

Debe ser que el recurso al 69 es socorrido. Número interpretable por excelencia. En cualquier caso uno más. El Bundesbank insta al Gobierno alemán a retrasar la edad legal de jubilación a los 69 años, dispuesta ahora en 67. El motivo, estabilizar el sistema de pensiones y permitir su sostenibilidad en los próximos 40 años. Aducen los economistas del banco, que dicho incremento en la edad, evitará el fuerte descenso en la prestación, que exigirá la dinámica demográfica prevista para 2060. Además prevén un incremento de las aportaciones de los sujetos obligados que pasará del 19% actual, al 24% del salario bruto de los trabajadores alemanes. El banco alemán exige un ejercicio de solidaridad generacional, para ajustar el sistema de pensiones a la realidad de la envejecida sociedad alemana.

No solo en Alemania recurren al insigne 69. En España hasta hace poco, se había fijado la capacidad para trabajar como máximo hasta los 69 años. La ley que originariamente estableció el Estatuto de los Trabajadores en 1980, refería en su Disposición Adicional 5ª que «la capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo. De cualquier modo, la edad máxima será la de sesenta y nueve años, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación». Después, el Tribunal Constitucional calificó de inconstitucional la medida por lógica aplastante. Pero, la crisis de los años 1992-1993 con efectos espectacularmente perniciosos en materia de empleo, encendió las alarmas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y fruto de ello, el llamado Pacto de Toledo. En el año 2011, se modificó la Ley para incrementar la edad legal de acceso a la jubilación, que pasaba de los 65 a los 67. Pero la medida alcanzará sus efectos íntegros en el año 2027. Con posterioridad, en 2013 se promulgó la Ley sobre el factor de sostenibilidad y de revalorización de la prestación de jubilación, que entrará en vigor en 2019.

Entre tanto, la División de Población de Naciones Unidas en su última previsión, establece que el 19% de la población española que en 2016 se encuentra en edad de jubilación efectiva, que para el caso español es de 64,3 años, pasará a suponer el 30% de la misma en el año 2026. O lo que es lo mismo, 5,7 millones de pensionistas por jubilación actuales, frente a 9,5 millones en los próximos diez años. Si añadimos a los datos suministrados, que la pensión media actual es de 1043 euros y la subida prevista en términos reales debiera ser con los patrones actuales del 15%, en los próximos diez años, la pensión media ascendería a 1200 euros. Sí a ello añadimos que la masa salarial actual, aún no ha llegado a los niveles anteriores a la crisis y que las cotizaciones sociales se calculan según ese parámetro, los ingresos son manifiestamente insuficientes para cubrir los gastos. De ahí el recurso al fondo de reserva para poder pagar las pagas extras a los pensionistas por jubilación en los cuatro últimos años. Y a pesar de ello, la Seguridad Social presenta un importante desequilibrio, que se visualiza como una partida más del déficit.

Pronto el Banco de España insistirá en la imperiosa necesidad de aplicar en España la medida propuesta por su homólogo alemán. Hemos de preguntarnos ¿habrá pensiones públicas en el futuro? Sí, pero no como ahora. La diferencia entre la máxima y la mínima se estrechará y el acicate de la cotización como elemento determinante de la prestación desaparecerá.