EL APUNTE
La misma medicina
Martín Vila se queja de la «judicialización» de la política por un caso que él mismo llevó a los tribunales
Desde que comenzara este mandato municipal, unos partidos y otros, en el Gobierno o en la oposición, cruzan con frecuencia un reproche mutuo. Todos se acusan de «judicializar la política». Es decir, de tratar de resolver con denuncias, querellas y posibles juicios lo que tendría que ser zanjado con debates y votaciones. En todos los casos, gobiernen o no, resulta llamativa la sideral distancia entre el discurso y el ejemplo que supone esta queja recurrente. Todos se la lanzan al oponente pero todos la practican. Los que llegaron en 2015 a San Juan de Dios se quejaba amargamente de la manida «judicialización» de la política municipal y criticaban a los ediles del Partido Popular por entender que trataban de resolver cada disputa por esa vía pero apenas tres años bastaron para confirmar que también estaban dispuestos a usarla. Apenas con un año en sus cargos, allá por 2016, fue muy notable la reacción de euforia desbordada con la que los concejales de Podemos y Ganemos, jaleados por afines en medios y redes sociales, celebraron el archivo (provisional y luego desactivado) de una demanda en la que los populares acusaban al alcalde de haber dicho que sus predecesores distribuyeron agua contaminada a vecinos de Loreto a sabiendas de lo que hacían.
Ahora, cuando el tiempo ha encajado las piezas y ha enfrentado los hechos a las palabras, resulta que los concejales de Podemos y Ganemos también acudieron a los tribunales con una frecuencia sorprendente. Lo hicieron, sin éxito, para llevar a la Fiscalía los documentos con las mediciones de aquel episodio de agua contaminada de 2014, para tratar de demostrar que hubo una mala praxis delictiva por parte del anterior Gobierno municipal y la Junta. También pusieron gran interés en destacar la denuncia por posible prevaricación en los pisos sociales de Matadero, en los que –según la versión de los ediles de Ganar Cádiz en Común– se habrían producido alteraciones de la lista de beneficiarios por supuesta influencia directa de dos concejalas del PP. Esta denuncia fue desestimada por los tribunales y ahora se vuelve contra los denunciantes. Ayer, Martín Vila –número dos teórico de la administración municipal– recibió esa misma medicina. Ahora comparece como investigado por denuncia falsa, injurias y calumnias. Lo curioso es que a la salida del juzgado se agarra a la misma queja: «La judicialización de la política». La misma práctica en la que él incurrió.
