El final de un peaje

La concesión de la autopista Ap-4 a la empresa Aumar culminará este año tras 48 años de explotación y tres prórrogas amparadas por los gobiernos de UCD, PSOE y PP. Las palabras de Pastor fueron retomadas también por Íñigo de la Serna, ministro de Fomento en la última etapa del gobierno de Rajoy y reafirmadas ahora por el actual titular de la cartera, el socialista José Luis Ábalos.

Sin embargo, el propio Ábalos abrió un nuevo debate el pasado noviembre para lograr fórmulas alternativas que ayuden al Estado a mantener las autopistas y las autovías de la red pública de carreteras de España. Ábalos instó a buscar una fórmula, «sea la que sea», para asegurar el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.

Llamó entonces a reflexionar sobre el mantenimiento de la red de carreteras, incluidas autovías y autopistas, «la única infraestructura de transporte que se pretende que sea gratuita», cuando por el resto, como puertos, aeropuertos y vías ferroviarias se pagan distintas tasas o cánones. Además, salvo en las autopistas de peaje, en el resto de vías no hay ninguna contribución por parte de los usuarios. Las palabras del ministro abren, por tanto, la puerta a la instauración de un posible pago por el uso de las autovías hasta ahora gratuitas. La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan propuso a final de año la extensión de peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas. No hay que olvidar tampoco que Juanma Moreno, candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía se comprometió a adelantar la liberalización de la Ap-4 para no esperar a diciembre.