Sánchez se apropia de la Fiscalía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cometió ayer un error de bulto durante una entrevista radiofónica, lo que demuestra que su campaña electoral está descontrolada, que los sondeos internos de que dispone no son todo lo favorables que desearía y que no tiene reparo en recurrir a cualquier estratagema con tal de arañar votos. Para atribuirse como un mérito ante las urnas que su Gobierno está instando ahora la detención de Carles Puigdemont en Bruselas para su entrega a las autoridades españolas, la última ocurrencia de Sánchez fue insinuar que si la Fiscalía lo ha impulsado es por orden de La Moncloa. Institucionalmente, el comentario de Sánchez rayó en lo obsceno, pero además es revelador de cómo concibe el ejercicio del poder. Podría ser que Sánchez ignore que, según la ley, el fiscal general no está a las órdenes arbitrarias y caprichosas del Gobierno de turno, aunque sea este quien lo proponga y designe para ese cargo. Lo cual es grave. Pero podría ser también, y eso sería mucho más grave, que Sánchez pretenda arrogarse el papel de jefe político de la fiscal general del Estado y se haya delatado él solo, dejando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en papel mojado. Que un fiscal general sea elegido por el Gobierno no implica que no esté al servicio de la ley, que no tenga autonomía de criterio y que su independencia respecto al poder político esté salvaguardada por la propia legalidad. Pero eso a Sánchez le importa poco si de lo que se trata es de exhibir su control absoluto sobre todos los estamentos del Estado. El desprestigio al que somete con este tipo de afirmaciones a la cúpula de la carrera fiscal es notorio, y así se lo reprocharon ayer los representantes asociativos del Ministerio Público. El Gobierno socialista ya ha sometido a un desgaste innecesario y humillante a la Abogacía del Estado en varias ocasiones -una de ellas precisamente a costa del proceso independentista de Cataluña-, y ahora lo hace con la Fiscalía.

Además, sus palabras son un agravio para la separación de poderes, porque es el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena el único competente para reactivar una orden internacional de detención y el responsable exclusivo de su tramitación ante las autoridades judiciales belgas. El Gobierno tiene, en este sentido, un papel gregario que Sánchez no ha respetado, ni en tiempo ni en forma, lo que no beneficia a la tramitación de la euroorden. Bien sea por un exceso de soberbia electoralista, bien sea por desconocimiento jurídico, el candidato socialista se jactó de controlar la Fiscalía, por mucho que después rectificase sus palabras al asumir la gravedad de lo que había dicho. No tenía otra opción que la de admitir su error, pero el desliz fue tan revelador como preocupante para la autonomía de criterio de nuestra Fiscalía.