TV3, el problema persiste

La televisión pública catalana se ha convertido al calor del golpismo en una anomalía antidemocrática que trata de condicionar la vida social en Cataluña y atiza un discurso de confrontación ciudadana, especialmente perverso en el contexto de violencia que están ejecutando y planificando los grupos más radicales del proceso separatista. Si la finalidad de las medidas aprobadas por el Senado al amparo del artículo 155 fue la recuperación de la normalidad democrática en Cataluña, la exclusión de TV3 de la intervención del Estado en la Generalitat fue y es un error que se está pagando caro, pero que aún se pagará más caro en el futuro, porque la impunidad anima nuevas agresiones a la democracia. La normalidad que buscaba el 155 exigía actuar decididamente sobre las causas de la crisis separatista de 2017, pero se optó por una solución, sin duda intensa -disolver el Parlamento y convocar elecciones a la mayor brevedad legal-, pero corta, tanto temporal como políticamente.

La difusión de mensajes agresivos, perfectamente calificables como «discurso del odio», es la mayor degradación posible de un medio público de comunicación que debe servir a todos los ciudadanos y no únicamente a una parte. La ausencia absoluta de neutralidad en TV3, su adhesión sectaria al proyecto separatista, el maltrato informativo a los partidos y líderes no nacionalistas y la repetición de las peores consignas contra la Justicia y sus jueces son motivos suficientes para que el Gobierno se replantee su actitud ante la radiotelevisión catalana. La mera expectativa de que puedan celebrarse nuevamente elecciones autonómicas debería llevar al Gobierno y al PSOE a la convicción de que no podrá haber un debate político limpio si TV3 persiste en su alineación separatista. Los medios públicos de comunicación en Cataluña representan una amenaza para la igualdad política, y así no se debe acudir a unas elecciones. El Gobierno central debe huir del temor a las reacciones dentro y fuera de nuestras fronteras por abrir una nueva confrontación con el separatismo a cuenta de TV3; y el PSOE ha de recapacitar sobre su responsabilidad por impedir que el artículo 155 llegue a esta cadena. Bastaría con que los socialistas trasladaran a este medio de comunicación sólo una pequeña parte del escrúpulo y sensibilidad que muestran para criticar la gestión de cadenas públicas de televisión de administraciones dirigidas por el PP. Aquí no se discute sobre la parcialidad política de un medio público, sino sobre su defensa de una ilegalidad manifiesta, contraria a la convivencia y dirigida contra las estructuras mismas del Estado.

En Cataluña no habrá normalidad democrática mientras su televisión y su radio públicas sean plataformas del sectarismo nacionalista, cuyos déficits -el de 2018 se calcula en casi 40 millones de euros- acaban en última instancia enjugados por el dinero de todos los españoles. Para mayor escarnio.