Los CDR pretenden acallar a ABC

La Justicia ha iniciado los trámites para la incoación de diligencias judiciales contra una docena de periodistas, entre ellos dos redactores de Tribunales de ABC, por la publicación de distintas informaciones sobre las actividades de los llamados «comités de defensa de la república» catalana (CDR), investigados por la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. La denuncia, a instancias de los abogados defensores de miembros de los CDR en prisión, no tiene sentido alguno. Se pretende vulnerar la libertad de información, expresión y opinión a que tiene derecho todo medio de comunicación que, con respeto escrupuloso a las leyes, accede a información relevante y de interés público para denunciar las actividades sediciosas de un grupo de personas acusadas de actuar con técnicas propias de una organización terrorista. ABC ha cumplido, y cumplirá siempre, con su deber de informar al lector de los procesos judiciales en curso. Más aún si de su relevancia se infiere un ataque a la unidad del Estado y a la seguridad nacional. Una vez más, unos presuntos terroristas -así son tildados por la Fiscalía- pretenden atacar algunas de las libertades nucleares de nuestro Estado de Derecho. Mejor harían en tratar de defenderse de las graves acusaciones que pesan contra ellos, porque existen pruebas solventes de su capacidad para atentar contra instalaciones relevantes del Estado, que denunciar a periodistas que se han limitado a cumplir con su deber de informar a la sociedad. La estrategia de este separatismo extremista, convertido en un émulo de la «kale borroka», es destruir todo lo que huela a libertad a su alrededor y convertirse en mártir de una causa perdida. Frente a la acusación de unos supuestos delincuentes, ABC invoca la libertad y su compromiso más leal con el buen periodismo.