Una ley hipotecaria clara y estable

La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas ha vuelto a poner de manifiesto la urgente necesidad de contar con una ley hipotecaria clara y estable, con el fin de evitar la incertidumbre jurídica que ha originado esta decisión judicial, cuyo impacto aún se desconoce. El mercado hipotecario, del que dependen las familias para acceder a la compra de una vivienda y cuyo peso es clave dentro del sector bancario, no puede quedar al albur de la voluntad de los jueces, ya que la función legislativa no corresponde a los tribunales, sino al poder político. Las grandes fuerzas parlamentarias deben consensuar una nueva ley en materia hipotecaria que, entre otros muchos detalles que la Justicia ha tenido ya que definir, fije de una vez por todas, y sin margen para la duda, el reparto concreto de gastos entre la entidad financiera y el cliente a la hora de firmar este tipo de préstamos, impidiendo así la posibilidad de más sorpresas en el futuro. El aumento de la inseguridad jurídica en el ámbito crediticio perjudica a todos.

Habrá que esperar al próximo lunes para que el pleno del Tribunal Supremo aclare de forma definitiva quién debe abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, así como la extensión y retroactividad concretas de su devolución, pero los efectos de este nuevo criterio, contrario a la jurisprudencia previa, ya se empiezan a notar. Más allá de las caídas bursátiles que ha sufrido la banca, el problema es que se está frenando la concesión de hipotecas, al tiempo que algunas entidades apuestan por subir los tipos de interés y las comisiones para afrontar este coste fiscal. Y todo ello sin contar el impacto que tendrá el reembolso de dicho impuesto sobre las arcas públicas y los balances bancarios.