Cita urgente de Torra con la Justicia

La información publicada ayer por ABC sobre la posible relación del presidente de la Generalitat catalana con los miembros de los Comité de Defensa de la República detenidos por terrorismo ha puesto sobre la mesa el salto cualitativo del nacionalismo separatista a la actividad terrorista. Mientras el PSOE se conforma con pedir a Torra que condene la violencia, PP y Ciudadanos piden responsabilidades políticas y una aclaración sobre sus vínculos con el comando desarticulado. Todo es muy razonable, pero los indicios sobre Torra se estrecharon un poco más tras conocerse ayer que uno de los detenidos también reconoció haberse reunido con el presidente de la Generalitat. El campo político ya se queda pequeño para la gestión de estas implicaciones directas de Torra, cuya gravedad instala el caso en el ámbito de la Justicia penal. Cualquier ciudadano sería inmediatamente llamado a declarar, en condición de detenido, por supuesto, por los indicios que, como los que pesan sobre Torra, le implicaran en una trama terrorista. La cita de Torra con el juzgado es inaplazable. La cautela de no creer incondicionalmente a unos detenidos por terrorismo cuando implican a otros, como pidió ayer el Gobierno catalán a través de un comunicado, es compatible con investigar a fondo lo que han manifestado. Y este deber de la Justicia sólo puede llevarse a cabo mediante la declaración judicial de Torra. No sería comprensible que un segundo presidente de la Generalitat se diese a la fuga ante la inminencia de una investigación penal. Hay que aprender las lecciones del pasado, aunque es evidente que una imputación por complicidad con actos aparentemente terroristas daría lugar a una orden europea de detención y entrega que ningún juez europeo en sus cabales podría denegar. Sin embargo, no hay que dar opción siquiera a esta posibilidad.

El escenario abierto -otra vez, recuérdese a Terra Lliure- por esta transición del separatismo catalán al terrorismo, aunque todavía sin atentados, debe ser muy tenido en cuenta por las instituciones del Estado. No sólo se hace aplicable el Código Penal a las autores, cómplices y encubridores de los hechos, sino también la ley de Partidos Políticos a aquellas formaciones que legitimen la violencia contra el Estado democrático. Las declaraciones complacientes de algunos dirigentes del nacionalismo catalán hacia los detenidos están lindando con las prácticas antidemocráticas que requiere la Ley de Partidos para instar la disolución de una formación política. La deriva de Cataluña hacia la «batasunización» de su vida política no es una mera hipótesis, sino una realidad; y su causa es el separatismo xenófobo y supremacista que lidera el proceso independentista catalán. Una opción antidemocrática, intolerante y totalitaria con la que no se debe negociar, sino confrontar hasta su derrota.