Once exclusivas destapadas por ABC en 2014

Mas se reúne a escondidas con los ultras de la Liga Norte

El 18 de enero ABC mostraba una demoledora instantánea donde se podía ver como Artur Mas recibía a escondidas a su único aliado europeo en su plan independentista. Se trataba del líder de la xenófoba Liga Norte, Roberto Maroni, quien sí había hecho ostentación de su periplo barcelonés y de su apoyo al proceso secesionista catalán. Maroni, presidente de la región italiana de Lombardía, había celebrado la Diada del 11 de septiembre de 2013 vistiendo una camiseta con la bandera independentista como «solidaridad con los catalanes que exigen el referéndum sobre la independencia». Pese al secretismo del encuentro, al que también había asistido el cónsul general de Italia, Stefano Nicoletti, el presidente de la Generalitat no pudo librarse de las críticas.

«Visita privada»

Las declaraciones racistas de dirigentes de la Liga Norte —el senador Roberto Calderoli comparó a la ministra italiana de la Integración, Cécile Kyenge, originaria del Congo, con un orangután el pasado verano— no eran precisamente una buena tarjeta de presentación para Mas, cuya agenda oficial no incluía el encuentro con Maroni. No hubo convocatoria a los medios, pero sí un comunicado justificando el encuentro. En el mismo se explicaba que Mas había recibido a Maroni «en visita privada» y a petición del propio dirigente italiano. Recordaba la Generalitat que Maroni preside la asociación Cuatro Motores por Europa (Ródano-Alpes, Lombardía, Cataluña y Baden-Württemberg), de la que el Gobierno catalán fue impulsor. Sin embargo, el líder nacionalista no pudo evitar compartir con el italiano su proyecto secesionista y su convencimiento —desmentido por varios mandatarios europeos— de que «independientemente de lo que suceda con su estatus político», Cataluña «continuará en la zona euro» porque «Cataluña es un país orgulloso de ser europeo».

Roberto Maroni fue mucho más expansivo y posó ante las cámaras para explicar el motivo de su estancia en la Ciudad Condal, invitado por la Cámara de Comercio Italiana de Barcelona. También ofreció una rueda de prensa en el Hotel Majestic, cuartel central de CiU en las noches electorales. El dirigente de la Liga Norte, que el jueves anterior había asistido a un acto en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), aludió a las grandes similitudes entre Cataluña y Lombardía y explicó que su objetivo era invitar a Cataluña a la Expo de Milán de 2015, que tiene como lema «Alimentar el mundo, energías para la vida». Maroni se vio también con el consejero catalán de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, en una reunión «institucional» en la que hablaron de «temas agrícolas comunes».

Los reproches al «president» por su encuentro con Maroni se sucedieron a lo largo de la jornada. La secretaria de política europea del PSC, Esther Niubó, consideró «vergonzoso» que el presidente catalán se vea con un dirigente político «que ha realizado declaraciones y actuaciones racistas en su país y que mantiene relaciones y vínculos con la extrema derecha europea».

El cobro de UGT por un informe plagiado a CC.OO.

El 20 de enero ABC desvelaba que una empresa cien por cien propiedad de UGT Madrid había cobrado 50.000 euros al Ayuntamiento de Parla por un informe sobre la Ley de Dependencia lleno de plagios a un estudio anterior realizado por Comisiones Obreras. Solo un mes antes, ABC había revelado la existencia del contrato (un negociado sin publicidad de 49.800 euros) adjudicado en 2009 a Masercisa, empresa dedicada a impartir cursos de formación. Cada una de las 111 páginas del informe salía a 450 euros. Tanto el PP como este diario solicitaron al alcalde, José María Fraile -sucesor de Tomás Gómez-, una copia del informe.

Tras varias semanas negándose, Fraile accedía a publicarlo en la web del Ayuntamiento. Así, ABC acreditaba que una buena parte del «Estudio sobre Necesidades Formativas y de Empleo en materia de Dependencia en el Municipio de Parla», elaborado por UGT en 2011, era un plagio de un estudio de CC.OO. de diciembre de 2008, colgado en Internet con título «El empleo en la atención a la dependencia. Hacia un sector productivo de calidad».

La parte central del informe, unas 30 páginas dedicadas al empleo que generaría la Ley de Dependencia –proyectos estrella del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero– estaban plagiadas. En cuanto al resto del informe, su contenido era superfluo. En las primeras 23 páginas, tras una breve presentación, se reproducía íntegro un cuestionario que hicieron, supuestamente, a vecinos de Parla. Las respuestas a esa encuesta (no dice cuántas entrevistas hubo) concluían que «el 60 por ciento» de los encuestados opinan que la principal actividad económica del municipio es «la hostelería». También el 60 por ciento cree que es «la industria».

Engordar el estudio

Entre enormes espacios en blanco se podían ver varias páginas con listados en las que se enumeran las familias profesionales en las que «se echa en falta formación» en Parla, como «mecánico de motores de aviación, fontaneros, carroceros, edificación y obra civil, artes gráficas» o «diseñadores web». Qué tenía que ver esto con la formación en Dependencia es una incógnita. El resto del informe eran datos suministrados por el propio Ayuntamiento y otros ya publicados por la Comunidad de Madrid.

Copiado gracias a Internet

El «estudio» de UGT sobre necesidades en materia de Dependencia en Parla (50.000 euros por 113 páginas) cortaba y pegaba párrafos completos del informe de CC.OO. elaborado tres años antes y colgado en Internet a disposición de todo el mundo. En los dos documentos reproducidos sobre estas líneas, los «autores» de UGT no copiaron la página entera, sino que fueron «saltando»: plagiaron el primer párrafo («Acuerdo de acreditación...»), el tercero (desde «se trata más bien de...») y también la mitad del cuarto (desde «Entre tanto...» hasta el final).

El Ayuntamiento gobernado por el socialista José Manuel Fraile tuvo 50.000 euros para encargar un informe a UGT que nadie revisó. Mientras, el Consistorio estaba al borde de la quiebra, con una deuda acumulada de 600 millones de euros.

La empresa de UGT Madrid, que consiguió el contrato público por el procedimiento «negociado sin publicidad», también se «inspiró» en las enumeraciones que contenía el informe de CC.OO. titulado «El empleo en la atención a la dependencia. Hacia un sector productivo de calidad». Las imágenes que acompañan a este texto son demoledores: entre ellos no existe ni una sola diferencia.

Las ayudas de ERC a Gibraltar para dañar España

El 25 de enero ABC destapaba una importante trama al sacar a la luz que el Gobierno de Gibraltar, los independentistas catalanes de ERC y los pro-batasunos de Aralar estaban preparando en secreto una serie de movilizaciones conjuntas en Bruselas para protestar por la situación en la Verja, y de paso reclamar la celebración del referéndum independentista impulsado por Artur Mas.

Durante las anteriores semanas, el Gobierno gibraltareño había contactado con el partido político Alianza Libre Europea (ALE), que engloba a las principales formaciones nacionalistas de izquierda de la UE que abogan por el derecho de autodeterminación de los pueblos. Así, en un primer acercamiento las autoridades llanitas solicitaron apoyo para las concentraciones al diputado autonómico de ERC Jordi Solé, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento catalán y secretario general de ALE, quien puso a su disposición al eurodiputado de Aralar, Iñaki Irazabalbeitia, según informaciones a las que tuvo acceso ABC.

Además de Irazabalbeitia, iban a apoyar al Gobierno gibraltareño de Fabian Picardo un asesor en Política Internacional del Parlamento Europeo del grupo ALE, el independentista catalán Silvio Falcon, y el político flamenco Günther Dauwen, director de ALE. El propio Jordi Solé se había ofrecido a viajar a Bruselas para mantener una reunión con la comitiva gibraltareña en su calidad de secretario general de la Alianza Europea y expresar su total apoyo a las autoridades gibraltareñas en su pulso contra el Gobierno de España.

«La movilización ante las instituciones comunitarias, organizada y financiada por el Gobierno de la Colonia británica, tendrían lugar del 27 al 29 de enero, con la asitencia prevista de más de medio centenar de gibraltareños», según fuentes solventes. Los planes previstos por el Gobierno de Picardo y los independentistas de ERC y Aralar incluyían una protesta en el exterior del Parlamento Europeo y una movilización ante la Representación Permanente de España en la UE; la presentación y encuentro con europarlamentarios, estando invitados miembros de ERC; y una manifestación final ante la sede de la Comisión Europea y entrega de una queja a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Las autoridades de Gibraltar también habían solicitado apoyo expreso a Solé para conseguir una presentación ante responsables de ambos organismos comunitarios ese día último de protestas.

ABC acompañaba la información recordando que el pasado mes de noviembre la Comisión Europea dictaminó la plena legalidad de los controles españoles en el paso de la Verja. «Los controles aduaneros que realiza España en el paso fronterizo de Gibraltar no vulneran las normas de la Unión Europea». Esa fue la principal conclusión a la que llegó la institución comunitaria, tras la visita que hizo a Gibaltar una misión de técnicos el 25 de septiembre de 2013, para estudiar las quejas formuladas por el Reino Unido ante el endurecimiento de los controles practicados por España en la Verja. Esos controles se intensificaron después de que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, decidiera unilateralmente arrojar bloques de hormigón en las aguas que rodean al Peñón.

El misterio de los negocios de los «dobles» Jordi y Josep Pujol Ferrusola

Meses antes de que estallara el escándalo del «caso Pujol», ABC destapó el 17 de febrero que la Audiencia Nacional estaba investigando a un hijo de Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, por presunto blanqueo de capitales entre los años 2004 y 2012, cuando movió 32,4 millones de euros entre España y trece países, entre ellos varios paraísos fiscales. Mientras, otro de los hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Josep, aprovechó la amnistía fiscal para regularizar más de dos millones de euros que tenía en el extranjero. Éste, Josep Pujol Ferrusola, sostenía que hay dos empresarios catalanes con el mismo nombre que él y su hermano, y que parte del enorme patrimonio que se atribuye a los hijos del político catalán es en realidad de los «otros» Jordi y Josep Pujol Ferrusola. En principio no había relación entre ellos, pero la información a la que tuvo acceso ABC demostraba que existían sospechosas coincidiencias entre ambas familias, incluidos recientes viajes de negocios al extranjero.

En los últimos años se habían producido cinco viajes internacionales muy llamativos entre Barcelona, Miami, Buenos Aires y Tanzania, tres de ellos en 2013. El 20 de octubre del pasado año, Josep Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán, viajó desde el aeropuerto internacional Kilimanjaro, en Tanzania, al de Barcelona – El Prat. En el mismo vuelo iba Jordi Pujol Ferrusola, no su hermano, sino ese otro empresario homónimo cuya fortuna puede «confundirse» con la de la saga Pujol, al que, para evitar confusiones, llamaremos Jordi Pujol Ferrusola 2.

JPF 2 se dedica a la administración de fincas, a negocios inmobiliarios y a la compra-venta de obras de arte. Maneja tres empresas con activos valorados en más de cinco millones de euros y posee un importante patrimonio inmobiliario. ABC contactó con su despacho para preguntarle si comparte algún tipo de negocio con los los hijos del líder nacionalista, pero ha declinado pronunciarse.

En este mismo vuelo también viajaba un importante empresario catalán, Jorge Cabarrocas Riera, amigo personal de la familia Pujol que gobernó Cataluña. Su nombre aparece al frente de una treintena de empresas de los sectores aeronáutico, inmobiliario e inversor.

Unos meses antes, el 25 de mayo de 2013, Jordi Pujol Ferrusola 2 realizó el mismo trayecto, entre el país africano y Barcelona. En este vuelo no viajaba ningún hijo del expresidente de la Generalitat, pero sí iba a bordo Marta Uriach Torelló, de la familia propietaria del grupo farmacéutico Uriach – Aquilea, una histórica multinacional catalana. Este grupo cuenta con una treintena de delegaciones en distintos países de Europa, América, Asia y África. No tiene oficina en Tanzania, pero sí en la vecina Kenia. Cabe la posibilidad de que este viaje también tuviera como destino Kenia.

En el último viaje del año 2013 aparecen otros dos personajes que siguen hilvanando coincidencias. Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán e investigado por blanqueo y delito fiscal, viajó el 21 de noviembre entre Buenos Aires (Argentina es uno de los países en los que tiene o ha tenido negocios) y Barcelona. En ese trayecto también iba como pasajero Juan Uriach Torelló, hermano de la citada Marta Uriach Torelló y, por lo tanto, también representante del grupo farmacéutico Uriach-Aquilea.

Las familias Uriach-Pujol mantienen importantes lazos. De hecho, Jordi Pujol i Soley colabora con la fundación del grupo farmacéutico. Como presidente de la Generalitat entregó varios años el premio anual de la Fundación Uriach.

Según las fuentes consultadas por ABC, había otros dos viajes coincidentes en origen y destino entre los distintos Pujol Ferrusola, pero con unos días de margen, es decir, no en el mismo avión. Josep Pujol Ferrusola viajó el 13 de diciembre de 2008 entre Miami y Barcelona. Sólo cinco días antes, Jordi Pujol Ferrusola 2, realizó el mismo trayecto. En 2007 se repitió la misma escena con los mismos actores. El hijo del expresidente catalán tomó el vuelo el 8 de diciembre de ese año, mientras que el empresario con idéntico nombre al de su hermano mayor lo hizo el día 11.

Además de los viajes, había otra coincidencia entre ambas familias: el expresidente de la Generalitat y su esposa, Marta Ferrusola, residen en la misma calle que la madre de los otros Pujol Ferrusola, en el elitista barrio barcelonés de Sant Gervasi, concretamente en la Ronda General Mitre. Tanto los padres como los hijos citados tienen edades similares.

Josep Pujol Ferrusola, dedicado a negocios de consultoría empresarial (hizo una fortuna vendiendo a Indra la empresa de la que era accionista, EuroPraxis), fue quien, en declaraciones a «El Mundo» puso en el punto de mira a los «otros» Jordi y Josep Pujol Ferrusola. Si éstos tienen fondos en el extranjero, como apuntaba el tercer hijo del político nacionalista, es una incógnita.

Lo que sí pudo comprobar ABC es que los «calcos» Pujol Ferrusola sí manejan un importante patrimonio en España. Jordi es dueño de tres empresas: Projectes Barcelona SL, dedicada a negocios inmobiliarios y administración de fincas, Pujart S.L. y Erisono Longiano SL, éstas del sector de la compra-venta de arte y antigüedades. Suman un patrimonio de 5,24 millones de euros. También posee, según datos del Registro de la Propiedad, un piso de 238 metros cuadrados, tres apartamentos y dos garajes, todo ello en Barcelona. Mientras, su hermano Josep no figura en las bases de datos del Registro Mercantil, pero sí tiene tres inmuebles (un piso, un apartamento y un almacén).

Acuerdo histórico entre Iberia y los pilotos

El 13 de febrero tenía lugar un acuerdo histórico en la aviación española. La reunión anunciada entre Iberia y los pilotos de Sepla, tal como avanzó ABC, llegaba a buen puerto y se ha materializaba ya en un principio de acuerdo entre ambas partes para poner fin años de conflictos colectivo. En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía definió como «histórico» el pacto alcanzado que incluía la congelación de los sueldos hasta el año 2015.

El presidente de la compañía, Luis Gallego, y el jefe sindical de Sepla en esta aerolínea, Justo Peral, escenificaron el acuerdo en una rueda de prensa convocada de urgencia, pocos minutos después de que se conociera el preacuerdo. La antigua conflicitividad que ha presidido las relaciones entre Iberia y los pilotos dejaba paso a un clima de mayor de colaboración. La nueva dirección de la compañía, llegó a señalar Peral, había dado paso a un «proyecto ilusionante en el que cuenta con los pilotos». Tanto Gallego como Peral calificaron el proyecto de «histórico», un paso que permitía a la aerolínea llevar a cabo un «crecimiento rentable y sostenible», amén de la escisión del escalafón de la plantilla que compartían Iberia e Iberia Express.

El pacto incluía, como avanzó ABC, aspectos cruciales para el desarrollo de la aerolínea, como es la supresión del escalafón único de la plantilla de pilotos entre Iberia e Iberia Express y la posibilidad de que los segundos de a bordo de la matriz puedan volar en la filial. Sin embargo, el crecimiento de la compañía mantendría limitaciones y no podrá contar con más de 25 aviones hasta 2017 (actualmente, dispone de 15).

También preveía la flexibilización del «anexo 10» -que determina que los vuelos de largo radio hacia y desde el «hub» madrileño deben ser realizados por pilotos de la antigua aerolínea de bandera española-, que solo se mantendrían para la otra línea aérea del grupo, Vueling.

Este pacto se sumaba así al preacuerdo alcanzado la misma semana de febrero entre la dirección de Iberia y los principales sindicatos de tripulación de cabina (TCP).

La relación de Bárcenas con la Camorra

El 11 de julio, en el contexto de la «Operación Tarantela» que la Policía y la Guardia Civil había efectuado en distintos puntos de Madrid y otras localidades de la Comunidad contra las redes camorristas que hacían de nexo con los clanes asentados en Italia, ABC sacaba a la luz la relación entre uno de los detenidos y Luis Bárcenas.

En la información se podía leer que el 25 de marzo de 2013 los investigadores que llevaban casi tres años detrás de varios clanes camorristas asentados en España, se llevaron una enorme sorpresa: sobre las ocho menos veinte de la tarde, Ciro Rovai llamó por teléfono a un hombre próximo a él, llamado Francesco, y le dio cuenta de una interesante conversación que había mantenido ese mismo día con un personaje ya por entonces muy popular. «El tesorero del PP, el del escándalo», le explicó a su interlocutor. Los responsables del caso lo tuvieron claro desde el principio; se trataba de Luis Bárcenas. Ciro Rovai es uno de los cabecillas de las redes camorristas que hacían de nexo con los clanes asentados en Italia y junto a otros 31 individuos fue detenido en la «operación Tarantela».

Las intervenciones telefónicas de las investigaciones de crimen organizado siempre deparan jugosas novedades, pero pocas veces se ha llegado a este nivel. Máxime cuando el escándalo político protagonizado por el extesorero de los populares estaba en todo su apogeo y el implicado sostenía a capa y espada su conducta intachable. En la conversación, Rovai, jefe del clan del mismo nombre, explica a Francesco: «Hoy he hablado con el tesorero del PP, el del escándalo; quiere ser mi socio con lo del Limocelli», un negocio que tenían entre manos y del que no aporta más detalles.

Más adelante el jefe camorrista explica: «He preguntado al del PP si tiene amistades en lo de Eurovegas y me ha dicho que sí». Añade que ha comentado a Bárcenas -nunca le llama por su nombre y siempre se refiere a él como «el del PP»- que «tenemos que abrir un restaurante en Eurovegas» y explica además: «Le he dicho que tenemos que hablar de negocios después de las fiestas».

Se da la circunstancia de que Ciro Rovai tiene varios negocios de hostelería y además le gustaba reunirse en el restaurante La Bella Napoli de Majadahonda con individuos relacionados con el tráfico de drogas, muy probablemente para tratar de negocios, según las investigaciones policiales. Precisamente fue detenido en este local el pasado martes.

Pero, en su conversación, este camorrista comenta una frase que le habría dicho Bárcenas: «Me ha dicho que mafia y política son lo mismo». Posteriormente comenta otros asuntos de menor interés, aunque igualmente significativos: «He ido al juzgado para recoger 600 euros, los intereses de un juicio de 6.000 que gané». Y añade: «100 de esos 600 euros serán para fumar cocaína».

La conversación de Bárcenas y Ciro Rovai se habría producido, según éste, pocos meses antes de que el primero ingresara en prisión, lo que sucedió el 24 de mayo de ese año.

Ciro Rovai ya había sido detenido en diciembre de 2010 por la Comisaría General de Policía Judicial acusado de los delitos de falsificación de moneda, asociación ilícita y estafa. Su clan dispone de un complejo entramado societario supuestamente dedicado a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.

El juez Andreu rastreó dos teléfonos de ABC

«Líbrese oficio a Movistar, a fin de que, a la mayor brevedad posible facilite, a través del sistema SITEL, a la Unidad de Policía Judicial de la Comisaría Especial del CGPJ, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, y respecto a los números de teléfono (xxxxxxxxx) y (xxxxxxxxx), y referido al periodo de tiempo comprendido entre los días 1 a 11 de julio de 2014, el tráfico de llamadas entrantes y salientes, los posibles números telefónicos que pudieran utilizarse para el desvío de llamadas entrantes, así como listados de las llamadas recibidas y emitidas, con indicación de los titulares de los números marcados y recibidos, y listado de los mensajes alfanuméricos emitidos y recibidos. Se decreta el secreto de lo actuado en la presente pieza separada por el plazo de un mes».

En este auto fechado el pasado 2 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, pedía a Movistar todos los datos telefónicos de los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz durante los citados días, tras abrir una pieza separada el 14 de julio por un posible delito de revelación/violación de secretos. El magistrado incoó esa pieza después de publicar el diario ABC la información anterior.

Nuevo subsidio para los hogares sin ingresos

El 25 de septiembre ABC tuvo acceso a las negociaciones entre el Ministerio de Empleo y los empresarios y sindicatos para la puesta en marcha de un nuevo subsidio para hogares sin ingresos, respondiendo así al compromiso adquirido el anterior mes de julio por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los agentes sociales. El objetivo, apuntaban fuentes cercanas a la negociación, es «proteger a los más vulnerables y que nadie se quede desatendido».

Según pudo saber ABC, se trataría de una paga de entre 400 y 450 euros -la cuantía definitiva todavía no está decidida- pero se prevé que sea similar a la que ahora reciben durante seis meses los parados que agotan las prestaciones (426 euros).

Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay cerca de 750.000 hogares que no reciben ingresos (rentas del trabajo, subsidios, o pensiones), el colectivo susceptible de beneficiarse de esta medida.

No obstante, fuentes del Ejecutivo explicaban que la cifra de beneficiados será muy inferior a esta ya que para poder acogerse a la ayuda no deben recibir ningún subsidio ni estatal, ni autonómico, ni local, no deberían tener ningún tipo de rentas, no solo del trabajo o prestaciones, tampoco de alquileres de inmuebles, u otras rentas de la propiedad. Además, la ayuda estaría ligada a la búsqueda activa de empleo y, por tanto, a la formación. De este modo, se trataba también de evitar que personas que trabajen en la economía sumergida se puedan beneficiar de la misma.

El Ejecutivo preveía incluir esta medida a través de una enmienda a los Presupuestos, probablemente a finales de octubre. Mientras, Empleo negociaría con sindicatos y empresarios la letra pequeña de la ayuda y además gana tiempo para tener definido el mapa de prestaciones.

Tal y como avanzó ABC, el Ministerio de Empleo trabajaba en la elaboración de un registro estatal en el que se incluyera la lista de beneficiarios de las ayudas y subsidios sociales que otorgan ayuntamientos y comunidades autónomas. Se trataba de evitar situaciones, como las que se daban entonces, en las que algunos parados cobraran ayudas y subsidios por partida doble o incluso triple, mientras otros no recibían ninguna.

Un ex guardia civil ocultó la fortuna de los Pujol

Después de meses de investigación en torno a las corruptelas de los Pujol, el 22 de septiembre ABC desveló que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional estaba trabajando sobre la pista de una sociedad pantalla que podría haber utilizado el clan para ocultar su enorme fortuna.

De acuerdo con informaciones facilitadas por un empresario catalán, el clan Pujol Ferrusola se habría parapetado tras una sociedad opaca creada en Andorra que, a su vez, cuelga de otra sociedad registrada en Israel.

Los fondos de los que se nutriría esta mercantil los manejaba un ciudadano español que respondía al nombre de «Pepe». Su conocimiento sobre la evasión de capitales provendría de su anterior trabajo, ya que «Pepe» es un antiguo guardia civil que estuvo destinado en la aduana de la frontera entre España y Andorra.

Siempre según las informaciones facilitadas a la Policía por el citado empresario -que había utilizado a un intermediario para dar el chivatazo-, «Pepe» dejó el Instituto Armado hace bastantes años y se instaló en Marbella (Málaga), un lugar donde «asesores fiscales» con pocos escrúpulos pueden hacer carrera. Marbella, como otras zonas de la costa española, ha sido tradicionalmente refugio de delincuentes internacionales y foco de estructuras de lavado de dinero.

«Pepe» conocería a los Pujol de los frecuentes viajes que la familia del político hacía a Andorra, principalmente el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Este, que había declarado días antes en la Audiencia Nacional imputado por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pública, atravesaba frecuentemente el paso fronterizo de la Farga de Moles, en Seo de Urgel (Lérida), como hacían otros empresarios y políticos que buscaban poner su botín lejos de la Agencia Tributaria.

Fondo fiduciario

El fondo fiduciario administrado por el gestor-testaferro «Pepe» vendría de lejos, dado que habría acumulado capital de la familia Pujol Ferrusola desde hace al menos veinte años.

La información facilitada a los agentes de la UDEF no incluía importes, pero sí la sospecha de que se tratase de cantidades multimillonarias. Andorra es un punto clave en la investigación de la Policía Judicial sobre el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, ya que el Principado es uno de los trece países por los que movió 32,4 millones de euros entre 2004 y 2012. En este caso, la investigación judicializada, hace referencia a los fondos que Jordi Pujol Ferrusola tenía a su nombre propio o al de las empresas que comparte con su exmujer, Mercè Gironés. Por contra, la nueva información facilitada por un testigo a la Policía se refería al dinero que la familia estaría ocultando a través de testaferros y cuyo origen sería delictivo.

CatalunyaCaixa perdió 30 millones en inversiones con un amigo de Mas

El 27 de octubre ABC ponía en conocimiento de los lectores que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando tres operaciones inmobiliaras de CatalunyaCaixa con el constructor Felip Massot, empresario muy próximo a Convergencia, amigo personal del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y muy comprometido con el proceso soberanista.

Los datos habían llegado a la fiscalía que encabeza Antonio Salinas procedentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El FROB denunció que la caja catalana perdió 30 millones de euros en tres operaciones inmobiliarias cerradas en el año 2007 con Felip Massot como socio en Barcelona, Castellón y Palma de Mallorca. La información procedía de una auditoría forense (informe «forensic») que el FROB encargó a Ernst&Young para conocer el estado de Catalunya Banc, la matriz del grupo, que ahora pertenece al BBVA.

CatalunyaCaixa -denominación comercial de Catalunya Banc- nació de la fusión de Caixa Tarragona, Caixa Manresa y Caixa Catalunya. Las operaciones investigadas pertenecen a Caixa Catalunya antes de que se fusionara con las otras dos entidades.

Etapa de Narcís Serra

En 2007 el presidente de Caixa Catalunya era el exvicepresidente del Gobierno socialista Narcís Serra, que dirigió la entidad entre 2005 y 2010. La caja compartía desde 1992 con Massot al 50 por ciento la sociedad Vertix Procam S.L.. Vertix es el grupo inmobiliario del constructor y Procam, la promotora de la caja.

Así, en el año 2007 Felip Massot propuso a la entidad tres operaciones inmobiliarias a través de Vertix Procam: La Seda, en Barcelona; Paseo Morella, en Castellón; y Son Güells, en Palma de Mallorca. Según el informe «forensic» que Catalunya Banc ha encargado a la auditora, en estos tres «negocios» inmobiliarios tuvieron como denominador común una serie de irregularidades.

Una de las más llamativas es el sobreprecio que se pagó por los terrenos. En el caso de La Seda, Vertix Procam acordó un precio de 50 millones de euros el 10 de mayo de 2007, mientras que la tasación que se encargó en diciembre de ese mismo año fue de solo 38 millones. Además, quien vendía los terrenos era otra empresa del mismo Felip Massot. El amigo de Artur Mas colocaba con plusvalías suelo de su propiedad y luego obtenía financiación para hacer las promociones, como dueño del 50 por ciento de la sociedad que adquiría las parcelas.

En el caso de Paseo Morella, en Castellón, el 30 de marzo de 2007 se acordó la compra del suelo por 31 millones de euros. La tasación del 31 de diciembre de ese mismo ejercicio dijo que valían 22 millones de euros. Es decir, se habría pagado un sobreprecio de nueve millones de euros, un 40 por ciento inflado.

En la tercera operación, la de Palma de Mallorca, el suelo costó el 10 de mayo de 2007 la cantidad de 26,1 millones de euros. La tasación del 31 de diciembre lo cifró en 18 millones, lo que da un sobrecoste del 44 por cien.

Los datos que tenía sobre su mesa la Fiscalía Anticorrupción sostuvieron que la caja había sufrido un perjuicio patrimonial como mínimo por la pérdida de valor de las inversiones inmobiliarias, según fuentes consultadas por ABC. Los terrenos se habían seguido depreciando, por lo que la última tasación cifraba unas pérdidas atribuibles a Catalunya Caixa, ahora Catalunya Banc, de 29,66 millones de euros.

Pero las irregularidades detectadas iban más allá de los sobreprecios. El informe remitido por el FROB sostenía que los terrenos fueron adquiridos sin la «necesaria autorización» del Consejo de Administración. La sociedad inmobiliaria acometía las inversiones y luego informaba al consejo. El informe «forensic» también destacaba que era Vertix, la empresa de Felip Massot, quien decidía qué proyectos se acometían y luego Procam, el otro 50 por ciento de la compañía, se limitaba a hacer un informe para su matriz, la caja. Ésta se limitaba a poner dinero y dejarse llevar por Felip Massot.

Comisiones

Además, las empresas del amigo de Artur Mar cobraban comisiones a la sociedad que compartía con la caja por las gestiones de compra de suelo. El informe denunciaba que las parcelas se adquierían «a una sociedad del grupo del socio industrial (o abonándole a éste una comisión)» y, además, por un precio que «no se corresponde con la tasación»

El «forensic» también destacaba que ni Procam ni Caixa Catalunya marcaron una serie de procedimientos legales sobre cómo debían hacerse las inversiones y qué seguimiento había que practicar. El descontrol era tal que la Comisión Ejecutiva de la caja presidida por Narcís Serra ni siquiera recibía un informe jurídico que valorara la situación urbanística de los terrenos.

Además, la auditoría denunciaba que se procedió a gran parte del pago de las parcelas «sin garantías adecuadas» y «no se ejercitaron las acciones que hubieran podido proteger los intereses de la sociedad». Se refiería a que, por ejemplo, en el caso de Palma de Mallorca había un convenio municipal que reconocía una indemnización de siete millones de euros en caso de no aprobarse el plan urbanístico en el plazo de tres años. El nuevo gobierno lo cambió, pero «no consta» que la sociedad de la caja lo haya impugnado.

Vertix Procam, que en julio de 2013 cambió su nombre por el de Landomus, acabó quebrando. En noviembre de ese año, Massot y Catalunya Caixa presentaron concurso de acreedores con unas deudas de más de 200 millones de euros.

Por otro lado, la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) denunció el año pasado en los juzgados de Barcelona que Catalunya Caixa había dado más de 5.000 millones de euros en créditos a grandes constructoras catalanas pese a que era muy complicado que los devolvieran porque algunas estaban cerca de la quiebra. Entre estas constructoras está el grupo Vertix, que recibió unos 300 millones de euros. La demanda se incorporó al procedimiento del Juzgado de Instrucción 30 que investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra la cúpula de Catalunya Caixa -entre ellos Narcís Serra- por las «retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas» que aprobaron.

Crisis del ébola en España

El ébola aterrizó en nuestro país por primera vez un 7 de agosto, fecha en la que el nombre del virus ya no era extraño, o por lo menos, no se atribuía solamente a la ya «cronificada tragedia africana». Ese día eran repatriados el religioso español Miguel Pajares, infectado del virus, junto a la guineana de pasaporte español, Juliana Bonoha.

Un día antes, el 6 de agosto, Pajares se enteraba por este periódico que sería repatriado por lo que sus primeras reacciones las compartió con ABC. De hecho, este diario le informó que el test para comprobar si tenía el virus había dado positivo por lo que también le contó a este periódico cómo se sentía antes de llegar a España.

Pese a la esperanza y a un proceso de repatriación que no hizo esperarse, Pajares falleció un 12 de agosto. Bonoha, que no había contraído el virus seguía ingresada. Al salir de la cuarentena y ser dada de alta, habló en exclusiva para ABC un 5 de septiembre.

Cuando se pensaba que la pesadilla del ébola había terminado, un segundo religioso, Manuel García Viejo era repatriado desde Sierra Leona el 21 de septiembre. Al día siguiente, es ingresado en el hospital Carlos III de Madrid. Durante los días posteriores a su ingreso y antes de su muerte, el 25 de septiembre, ABC informó de forma pormenorizada y con información exclusiva sobre su estado de salud. De hecho, este mismo diario pudo saber POR aquél entonces que García Viejo había fallecido sin dolor y que había permanecido muy desanimado los días de su ingreso.

Pero este letal virus no iba a desaparecer aún de los titulares. El 6 de octubre llegaba la noticia de que la auxiliar de enfermería Teresa Romero se había infectado al haber tratado a García Viejo en el hospital Carlos III.

Fue ABC el único medio que informó día a día de forma pormenorizada hasta el último detalle del estado de salud de Romero durante su ingreso en el hospital. Así se narró cuando estaba grave, cuando el virus empezó a afectarle sus órganos vitales (hígado y pulmón), cuando se le fue la fiebre por primera vez, cuando empezó levemente a mejorar aunque en aquellos momentos seguía preocupando su insuficencia respiratoria, como informó este medio. Fue también ABC el único medio que informó de forma concreta sobre su tratamiento (nunca recibió ninguno de los sueros experimentales: ZMapp ni ZMab ni tampoco fue intubada) así como la cantidad de dosis que recibió de dos hermanas, Paciencia y Helena, que llegaron de Liberia una vez superada la enfermedad para donar su sangre a García Viejo. Dado el fallecimiento del religioso la ayuda no llegó a tiempo, aunque sí sirvió para Romero. ABC contó en exclusiva el pasado 25 de septiembre la llegada de las dos hermanas a nuestro país.

Durante el ingreso de Teresa Romero, también fue ingresado por precaución otro religioso, Justino Izquierdo, cuya identidad también desveló ABC.

El caso de los ERE, un pozo sin fondo

El escándalo de los ERE tiene su origen en una grabación realizada en 2009 por un empresario en la que se escuchaba a dos cargos del Ayuntamiento sevillano pedir 50.000 euros en comisiones a cambio de una subvención de la Junta de Andalucía. ABC hizo público el contenido de aquella cinta, material con el que el PP interpuso denuncia ante los tribunales. Se destapaba así el mayor caso de malversación con fondos públicos conocido en España, que en manos de la juez Mercedes Alaya ha permitido desmontar la inmensa trama de corrupción instalada durante una década en la Junta de Andalucía. Manuel Chaves, que llevaba 19 años al frente de ese Gobierno, anunció su marcha.

El caso daría aún un salto cualitativo cuando, a fuerza de indagaciones y de exclusivas, este diario acabó reconstruyendo una telaraña de componendas a partir de nombres protagonistas como los del «conseguidor» Juan Lanzas o el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que desembocaron en el descubrimiento del fraude de los ERE y el fondo de reptiles del Ejecutivo andaluz. Cincuenta y dos meses después de Chaves, su sucesor José Antonio Griñán también abandonó el cargo.

Este 2014 se han ido sucediendo nuevas informaciones que ABC ha ofrecido en exclusiva a sus lectores. Así por ejemplo, el 4 de febrero, este periódico destapaba que la juez de que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía, Mercedes Alaya, había estrechado aún más el cerco sobre los sindicatos UGT y CC.OO. tras un atestado de la Guardia Civil según el cual los intermediarios en los ERE falsos cobraron a la Junta andaluza comisiones que ascendieron a 18.065.630 euros, lo que equivale al 13,6 por ciento del importe de las pólizas investigadas, pese a que la media del mercado era del 4,6 por ciento. Por ello concluía que, de esa cantidad, la Junta de Andalucía pagó «sobrecomisiones» por un importe de 12.176.625 euros (de total de 18 millones) tan solo en diez ERE. Aparte, la instructora sigue indagando en muchos más expedientes, que podrían llegar a elevar la cifra de «sobrecomisiones» a cantidades inusitadas.

Además, el 13 de agosto, ABC se hacía eco de que la corrupción había fulminado a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mientras que el 20 de agosto llevaba a portada una información contrastada en relación a los contratos ficticios e inasumibles que la trama ofrecía para perpeturar los cursos.