La Audiencia absuelve a los dos exalcaldes del PSOE por el «caso Ciempozuelos»

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial ha absuelto a los dos exalcaldes socialistas que encabezan la supuesta corruptela conocida como el «caso Ciempozuelos», desvelada en 2006 por ABC, por cohecho, blanqueo y falsedad documental. Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación del que conocerá la Sala Segunda del Supremo. El PP ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante el Alto Tribunal.

El fiscal Anticorrupción José Grinda pedía para Pedro Antonio Torrejón siete años de cárcel y 29 millones de euros de multa; y para su amigo y también exregidor del municipio Joaquín Tejeiro el Ministerio Fiscal pedía pasar 6,5 años entre rejas y tener que abonar 23 millones. Torrejón, que tuvo que dimitir del cargo tras la revelación de este periódico en octubre de 2006, montó su propio partido independiente; con el que, por cierto, volverá a concurrir a las elecciones municipales del mes que viene.

Los catorce procesados –entre los que figuran las esposas de Torrejón y Tejeiro, la hija mayor del primero y un grupo de empresarios sospechosos de repartir dádivas y presuntas técnicas de blanqueo de capitales para conseguir beneficios propios de los políticos señalados– han recibido el fallo del tribunal entre lágrimas. Tras concluir, se han abrazado entre ellos y la alegría ha teñido el fin del procedimiento.

Julio Aranda, abogado de Tejeiro y su mujer, ha declarado a la salida del juzgado, con alivio: «La cacería ha terminado. Durante nueve años este matrimonio ha tenido a los peores enemigos, que además de la Fiscalía son el PP y el PSOE. Ha sido una soflama. Joaquín solo cometió el error de aparentar ser rico en un país de ricos como Andorra».

Contrato bajo sospecha

La aprobación inicial del Plan General de Urbanismo de Ciempozuelos está en el fondo de la cuestión. Ese, según Anticorrupción y las acusaciones, fue el punto de encuentro entre exalcaldes y empresarios.

El punto de inflexión fue un contrato presentado ante la entidad de crédito Andbanc, de Andorra, como garantía de la solvencia de los nuevos clientes, con la firma de Tejeiro y una fecha, la del año anterior de la aprobación del Plan, que también está bajo sospecha.

En el documento se pactaban comisiones de hasta 40 millones de euros por la recalificación de unos terrenos del conocido como Cerro de los Sotos, en el sector 2, cercano al casco urbano. Los iba a pagar, supuestamente, la inmobiliaria Esprode, cuyos responsables también han sido procesados.

En la vista oral, iniciada en diciembre de 2013, dos informes periciales (uno de parte de Torrejón, y el otro de la Guardia Civil) fueron incapaces de determinar si las firmas del contrato eran reales o no, al haberse analizado fotocopias del original, enviado desde el fax de casa de Torrejón a Andorra.

En cuanto a su contenido, un estudio no hizo más que confirmar que lo escrito en él se fue desarrollando en los meses posteriores, según el PP, que ejerce una de las acusaciones. «Los plazos, la concesión del terreno a Esprode, el coeficiente de edificabilidad... Y todo ello antes de la aprobación del Plan», indicaron fuentes jurídicas.

El doble de viviendas

La defensa de Tejeiro reconoce que «algunos de esos datos coinciden con la realidad». Pero niegan la mayor: «Mi cliente afirma que la fecha de ese contrato es de un año después de la redacción del Plan, y no de antes». Sobre la acusación de que se duplicó el número de viviendas del proyecto (de 7.000 a 14.000), para favorecer a Esprode, el abogado Arana responde: «Eso es una falacia del PP. Lo único que se hizo fue cambiar la edificabilidad».