Un ex alto cargo de la Xunta admite haber cobrado de Crespo

El alto cargo político de mayor rango implicado en la «operación Zeta» compareció ayer ante el juez. Odilo Martiñá, exdirector xeral de Relaciones Laborales, admitió ante la instructor del caso haber cobrado dinero en concepto de asesoramiento del empresario Gerardo Crespo —principal implicado en la trama— pero antes de que ocupara ese puesto en la Consellería de Traballo. Martiñá matizó que estos servicios de asesoramiento cesaron cuando fueron incompatibles con el cargo de director xeral, de acuerdo con la legislación autonómica.

Las afirmaciones de Martiñá no coinciden con las anotaciones de la caja b de la empresa Azetanet, propiedad de Crespo, y que recoge el sumario judicial. En él se señala que Martiñá habría percibido 2.100 euros entre junio y diciembre de 2009, y 1.800 euros en mayo de 2010 y febrero de 2011.

Según estimaciones policiales, «se evidenciaría que Gerardo Crespo le habría abonado 300 euros mensuales desde el año 2006 hasta cuando menos febrero del año 2011», en una cantidad «cercana a 18.000 euros».

Fuentes judiciales indicaron que, durante su declaración como imputado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, Martiñá aseguró que no conocía ningún tipo de práctica ilegal y que todo lo que él sabía se había realizado correctamente, según informa Efe. En su caso se limitaba a hacer su trabajo, dijo, y manifestó que asesoró a Crespo y que cobró por esta tarea. Otros dos excargos intermedios de la Xunta imputados por presunto tráfico de influencias y cohecho, el exjefe de la Consellería de Traballo en La Coruña Luis Alberto Álvarez Freijido y el exjefe de servicio de Gestión Administrativa de Formación para el Empleo Joaquín Vila Sampayo, también declararon este jueves.

Los dos imputados habrían negado la recepción de cantidades de Crespo y aclararon que sus tratos con el empresario se limitaban al ejercicio de sus respectivos cargos. Álvarez Freijido sí admitió recibir una cesta de Navidad, pero aclaró que la repartió con los compañeros de la oficina, así como otros regalos de «escasa cuantía», según fuentes judiciales. La Policía atribuye a Álvarez Freijido la percepción de 8.000 euros y a Vila Sampayo tres regalos de diversa cuantía.