El fiscal del Tribunal Supremo rechaza los indicios de la juez De Lara para investigar a Barreiro

La cacería abierta por la juez Pilar de Lara contra la clase política gallega puede quedarse sin otra pieza más al cobro. Ayer trascendió que la Fiscalía no encuentra indicios de delito en la actuación de José Manuel Barreiro, presidente del PP de Lugo y portavoz popular en el Senado, en el marco de la «operación Pokemon», y así se lo ha trasladado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá decidir ahora si abre la investigación o la archiva.

De Lara había trasladado al TS una exposición razonada con una serie de indicios sobre Barreiro, a quien ella no podía investigar al tratarse de un aforado. Su base, una serie de informes de Vigilancia Aduanera que situaban al senador como supuesto perceptor en mayo de 2011 de 5.000 euros por parte de José María Tutor, el delegado en Galicia de Vendex —la empresa de servicios sobre la que gira el entramado de la «Pokemon»— .

La intención del presunto soborno habría sido que el grupo municipal del PP en Lugo rebajara sus críticas a la gestión de los aparcamientos de la ORA, cuya concesionaria —Doal— era filial de Vendex.

Para la juez, y sobre la base de los informes de Aduanas, cabía imputar a Barreiro un supuesto delito de cohecho, así como otro por tráfico de influencias relacionado con la mediación que habría ejercido para enchufar a una persona en esa concesionaria. Los investigadores de Aduanas sostienen su acusación en grabaciones entre Tutor y Javier Reguera, el responsable de Doal, en las que el primero aseguraba que hablaría con Barreiro.

El senador popular ha reconocido que recibió a Tutor «en alguna ocasión», pero negó desde el primer momento haber recibido dinero alguno, que tampoco aparece reflejado en la contabilidad del PP lucense, motivo por el que la juez De Lara estima que tuvo que ser dado a nivel particular a Barreiro.

Segundo varapalo

La de Barreiro no es la primera contestación negativa a De Lara por causas en el Supremo. Este lunes, el Ministerio Público también instaba a archivar la pieza separada que la juez abrió al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y su consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, por haber disfrutado supuestamente en 2010 de una estancia en un balneario pagada por la empresa de servicios Aquagest, otra de las patas de la trama «Pokemon» y aparecida durante su instrucción. La juez remitió la pieza al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y éste a su vez al Supremo, que se declaró competente para investigar.

En esta ocasión, la Fiscalía no reprochaba la inexistencia de indicios delictivos, sino la prescripción de los hechos investigados por la tardanza de la instrucción, si bien matiza que el regalo no fue como contraprestación «a un acto concreto de sus respectivos cargos» sino «a la generalidad» de sus funciones. En aquel momento, Diego y Rodríguez Argüeso eran meros diputados en el parlamento autonómico.

El fiscal entiende que, de producirse efectivamente ese hecho, serían calificados como «cohecho pasivo impropio» o «cohecho de facilitación», aunque habrían prescrito al transcurrir más de los tres años que establecía el Código Penal vigente entonces. «El plazo ya ha transcurrido con exceso, sin que se haya incoado hasta la fecha diligencia alguna para su persecución, por lo que el fiscal solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el archivo de la causa», señala.