Archivan la querella contra la Casa Cuna de Valencia por los «bebés robados»

La Audiencia de Valencia ha notificado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales imputadas a la actual directora en funciones de la Casa Cuna Santa Isabel, sor Aurora Gallego, por un caso de posibles niños robados, han informado fuentes de las partes litigantes.

La sección Tercera de la Audiencia ha desestimado así el recurso de apelación presentado por el letrado Enrique J. Vila Torres, presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, contra el archivo de la causa penal que se inició contra las religiosas de la Casa Cuna Santa Isabel y el abogado Eduardo García Sentandreu, por un supuesto delito contra la integridad moral, al negarse a facilitar los datos de la madre biológica del querellante.

Según el auto, "respecto de los delitos o hechos delictivos que el querellante apunta o sospecha que pudieran haberse cometido contra su madre biológica, al tiempo de su nacimiento, el 18 de mayo de 1965, y adopción formalizada a los cuatro meses de edad, no puede en absoluto hacerse responsables penalmente a los querellados".

Igualmente, el auto, que dispone que "contra esta resolución no cabe recurso alguno", descarta "la existencia de indicios bastantes de delito en la negativa de los querellados a entregar los datos requeridos; esto es, ha de descartarse que tal negativa pueda considerarse dolosa y no motivada por la imposibilidad de acceder aquellos a este requerimiento".

Enrique J. Vila, nació en la casa cuna santa Isabel de Valencia el 18 de mayo de 1965, y lleva más de dos décadas tratando de averiguar la identidad de su madre biológica.

Los archivos han sido siempre custodiados por las religiosas de la Casa Cuna, así como por el abogado que tramitó las adopciones, como se podría haber acreditado con varios testigos propuestos por el querellante.

De hecho, la misma orden religiosa pero en su sede en Barcelona, las Religiosas Siervas de la Pasión, sí que entregó los datos de las madres biológicas en 2012, a 21 catalanes que consiguieron una orden judicial al efecto.

Sin embargo la sede de la congregación en Valencia, se ha negado siempre a entregar los datos, así como el propio abogado que los custodia, García Sentandreu, que han llegado a alegar el secreto profesional y el voto de sigilo para no facilitar los datos.