Consuelo Císcar: «Puedo justificar la legalidad de los procedimientos»

La exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Císcar, ha sido este jueves foco de todas las miradas como consecuencia de la investigación que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha iniciado en relación con su gestión al frente del museo entre los años 2009-2013.

Saliendo al paso de las informaciones que este jueves se han publicado sobre ella, Císcar ha manifestado en un comunicado que se reafirma «en todas y cada una de las decisiones» que ha tomado al frente de la gestión del museo «con absoluto convencimiento, procediendo siempre con rigor y con el asesoramiento y criterio de los profesionales, en el que se basaban todas y cada una de las decisiones». «Puedo justificar la legalidad de los procedimientos y desmontar todas y cada una de las acusaciones que se vierten», ha dicho.

"Resulta sorprendente el desconocimiento que se evidencia al respecto de las funciones y los límites por los que se rige la Dirección del IVAM, que tiene controles efectivos que impiden absolutamente cualquier actuación discrecional de la Dirección", ha sostenido la exdirectora.

Además, afirma: "Todas las decisiones que he tomado en la Dirección del IVAM respecto a la compra de obras de arte han sido basándome en el criterio de la Comisión de Adquisiciones, refrendadas por el Consejo Rector, máximo órgano del IVAM, presidido por el responsable de la Conselleria de Cultura, vigiladas por una auditoría externa y sometidas a la Intervención general de la Generalitat".

Así, insiste en que «aquéllos que pretenden indicar que las decisiones como directora eran personales, desconocen los órganos competentes de la administración y el funcionamiento de la misma que precisamente elimina la posibilidad de arbitrariedad en la Dirección».

Por ello, ha recalcado que ha insistido en presentar alegaciones ante la Intervención General y ante la Conselleria de Cultura, porque puede «justificar la legalidad de los procedimientos y desmontar todas y cada una de las acusaciones que se vierten» de las que ha podido conocer, dado que, según ha insistido, «ni siquiera he tenido acceso a la documentación en la que se presuntamente fundamentan».

«Incomprensible» el comportamiento de Català

«Me resulta incomprensible el comportamiento de la exConsellera María José Catalá, puesto que se me da traslado extemporáneamente del borrador de informe para que formule alegaciones, cuando el informe ya era definitivo», ha dicho Císcar.

Así, asegura sentirse «indefensa ante el conocimiento por los medios de comunicación de que se han abierto diligencias previas en un juzgado de instrucción de Valencia sin que se me haya notificado nada personalmente al respecto».

«No alcanzo a comprender, si es así, la razón por la cual se ha decretado el secreto de las actuaciones cuando se investiga un periodo de tiempo que finalizó hace ya dos años y las personas que ocupaban puestos de responsabilidad en el IVAM en ese periodo ya no desempeñan dichos cargos», ha señalado, para añadir que «el secreto sólo parece perjudicar a mi persona, puesto que me impide conocer el contenido exacto de las imputaciones y si éstas se dirigen o no contra mi, y llevar a cabo, en su caso, las medidas de defensa que la ley me permite».

«Juicio paralelo»

Mientras tanto, continúa la exdirectora del IVAM, «me veo sometida constantemente a un juicio paralelo» en los medios. «Pero mi perplejidad es absoluta al tener conocimiento, de nuevo otra vez a través de los medios de comunicación, de que las diligencias previas han sido abiertas en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, el mismo que instruyó el procedimiento por el que ha sido condenado mi marido, Rafael Blasco, y que actualmente instruye dos procedimientos más en su contra».

«Es decir, que coinciden el mismo fiscal y el mismo juzgado que en los procedimientos de mi marido. Como me cuesta creer que se trata de una casualidad, voy a tomar las medidas necesarias para comprobar que se han respetado las normas de reparto que rigen la asignación de asuntos en los juzgados», ha insistido.