Ordenan rastrear 1.171 cuentas para buscar pruebas de delito en la compra del edificio Arroyo

La instrucción por el caso de la compraventa del edificio de Soluciones Empresariales de la Junta en Arroyo y de los terrenos del polígono industrial de Portillo sigue su curso. Después de que hace unas semanas se aplazaran las primeras declaraciones de varios de los imputados por un posible delito de malversación de fondos públicos, el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, César Gil Margareto, avanza en las diligencias con la reciente autorización para que distintas entidades bancarias aporten en menos de un mes una información exhaustiva de los movimientos bancarios desde 2005 hasta la actualidad de un total de 1.171 cuentas de particulares y empresas que podrían estar implicados en las operaciones que se investigan.

Entre ellas, se encuentra las del exviceconsejero de la Consejería de Economía, Rafael Delgado, el único exalto cargo sobre el que se efectuará esta exhaustiva revisión tanto de las «cartillas» a su nombre como las que lo están al de sociedades en las que dispone de algún tipo de participación -Delgado Núñez Consulting, Samuño Activos, Ídolos Sport y Four Innovation-.

Junto al que entonces era consejero delegado de la Agencia de Desarrollo y secretario general de la Consejería de Economía, también se investigarán las cuentas del exdirector de la División de Empresas y Servicios de la ADE, Alberto Esgueva Gutiérrez. Ambos también están implicados en la investigación sobre una posible trama en las concesiones de parques eólicos que lleva la Fiscalía Anticorrupción. Además, otras diez personas más vinculadas de una y otra manera -en su mayoría empresarios que tuvieron algo que ver con las operaciones- también verán cómo se «registran» tanto sus cuentas corrientes como las de las decenas de firmas con las que tienen algún tipo de relación para tratar de buscar pruebas que demuestren -o desmonten- un posible delito en las compraventas que se investigan y que se ejecutaron entre 2005 y 2009. Así, según ha podido saber ABC, los nombres que aparecen en el sumario son los de Francisco Esgueva Gutiérrez, Germán José Martín Giraldo, Luis María García Clérigo, Yolanda García Sánchez, María del Mar García Sánchez, María del Rosario Milagros Diéguez, Ángel Román Montes López, Luis Antonio Recio García, Carlos González Maestro y Luis Juste Carracal.

Este diligencia autorizada por el juez llega después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial atendiera a la petición del magistrado y, a través de la Agencia Tributaria, «seleccionara» las 1.171 cuentas que pueden estar vinculadas con el caso. Sin embargo, su inspector titular recomendó la opción -admitida y ordenada por el juez hace tan solo una semana- de reclamar los datos pertinentes para poder acceder a una información más detallada que permita conocer si hubo, por ejemplo, «operaciones con terceros, cobro de cheques, salida o entrada de divisas del territorio nacional» entre otros aspectos que puedan ayudar a avanzar en la investigación en uno u otro sentido.

Ni el Grupo de Delincuencia ni el juez han planteado incluir en esta diligencia a los otros altos cargos de la Junta que sí tendrán que prestar declaración en su momento.

Supuesto sobrecoste

La compra del edificio de Arroyo se remonta a 2005, cuando Economía consideró necesario reagrupar sus dependencias que suponían 2,17 millones de euros al año en alquileres. Sólo Urban Proyecta PM3, del grupo Parqueolid -cuyos responsables sí están en la «lista»-, se presentó al contrato de arrendamiento licitado por la ADE en 2006. Aunque en principio no se llegó a un acuerdo, finalmente se firmó el contrato de alquiler de 10.000 metros cuadrados por quince años a 20,69 euros el metro. Suscribió sin opción a compra, en 2008, pero con el edificio concluido, Gesturcal -que tomó las riendas del expediente- inició las conversaciones para su adquisición. En marzo de 2009, se hizo oficial que la Consejería adquiría el inmueble, tasado en algo más de 52 millones de euros aunque finalmente la operación se elevó en principio hasta los 70 millones. En cuanto a los terrenos de Portillo, ADE Parques pagó 28,6 millones de euros por los 1,45 millones de metros cuadrados de suelo rústico.

La Fiscalía investiga si en ambos casos se produjeron «pelotazos urbanísticos» por parte de responsables de las empresas públicas Gesturcal y ADE Parques en supuesta connivencia con los empresarios imputados. Mientras desde la oposición socialista cifran en 55 millones de euros el supuesto sobrecoste de las operaciones, el anterior consejero de Economía, Tomas Villanueva, ha expresado una y otra vez sus «absoluta tranquilidad» por las operaciones.