Los registros civiles: otro miedo injustificado

Una vez más, y coincidiendo siempre con fechas en las que los ciudadanos nos aproximamos a algún encuentro con las urnas, el ala izquierda de este país y algunos de esos otros aficionados a apuntarse a lo que sea con tal de debilitar a quien esté en el gobierno, carentes de un proyecto constructivo y por ello entrenados únicamente en técnicas de acoso y derribo, vuelven a enarbolar las banderas del miedo.

En este caso, toca izar de nuevo la enseña del miedo a la privatización esta vez para hacerla ondear en el mástil de la ley 20/2011 de 21 de julio de La Reforma para la Desjudicialización del Registro Civil y culpar con ella al Partido Popular de la supuesta pérdida de derechos que podría significar para los ciudadanos su aplicación.

Para montar este teatrillo los organizadores han tenido que tergiversar el contenido del mensaje adecuándolo a sus intenciones para que éste aparezca en las calles y en los medios de comunicación sensacionalistas y afines (en Canarias algunos muy descarados) como otro sumando que sirva para crear y/o acrecentar el descontento generalizado.

No en vano, el pasado mes de marzo los trabajadores del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria se concentraron en la Ciudad de la Justicia para protestar por la privatización del servicio. En su protesta los funcionarios aseguraban que el Registro dejará de ser público a partir del 15 de julio, fecha en la que pasará a estar gestionado por los registradores al entrar en vigor las reformas previstas.

Sin embargo, si hacemos un ejercicio de memoria, o consultamos las hemerotecas o los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados podremos ver que lo que argumentaban no se ceñía a la realidad en más de un diez por ciento.

Esta ley de julio de 2011, última etapa del gobierno socialista de Zapatero, fue votada a favor por Coalición Canaria, en aquel momento representada por la señora Ana Oramas y por el entonces diputado palmero José Luis Perestelo posteriormente sustituido Fernando Ríos. Pero la protesta no se hizo entonces. Se hace ahora durante un gobierno del Partido Popular.

Fue el 4 de mayo de 2011 cuando en el Congreso de los Diputados aprobaron aquella ley por unanimidad para su posterior valoración por el Senado. Una vez devuelta, el 14 de julio de ese mismo año el Pleno del Congreso aprueba el texto definitivo. Como pueden ver, toda una gestión a la altura de aquel gobierno que contó entre otros inestimables apoyos con el de Coalición Canaria y que tiempo después desembocó en una nueva unión de los dos partidos para cumplir con el mismo objetivo, esta vez en Canarias, quitar al Partido Popular de un gobierno que legítimamente había ganado en las urnas en aquel mismo año 2011.

Lo que no debió interesar a los que organizaron la protesta, seguramente porque no levantaría la pretendida “polvajera” de poner a la calle en contra del PP es que, primero esta no es una ley elaborada por el actual gobierno y, en segundo lugar, que ha sido precisamente el gobierno de Mariano Rajoy el que ha prorrogado su entrada en vigor mediante la publicación del Decreto-Ley 8/2014, en principio hasta el mes de julio de 2015 y que en estos días está siendo sometida a los trámites de enmienda mediante el Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

El objetivo de esta prórroga parece no haber sido otro que el evitar los perjuicios que para los usuarios significaría la inmediata aplicación de esta ley dada la envergadura de su reforma. En cualquier caso, y atendiendo a esta línea de enmiendas para la protección de los derechos de los ciudadanos que a este respecto ha puesto en marcha el actual gobierno de la nación, dos cosas parece que van a quedar claras.

La primera de ellas es que no se dejarán de prestar los servicios habituales los cuales serán llevados a cabo por funcionarios públicos-registradores. Así mismo se incrementará la posibilidad de la gestión electrónica. Por otro lado y como tales servicios públicos, seguirán siendo gratuitos. Además, para facilitar la gestión a los ciudadanos, agilizar los actos administrativos y llevar a cabo una gestión eficaz y actualizada del Registro, los nacimientos y las defunciones se comunicarán directamente desde los centros médicos sin que los familiares tengan que desplazarse para realizar la inscripción o la anotación de datos.

Circunstancias estas que también parecen chocar frontalmente con los argumentos esgrimidos por los funcionarios durante aquella protesta en la Ciudad de la Justicia de nuestra capital. Parece ser que la estrategia sindical de defender los derechos de los trabajadores parapetándolos los derechos de los ciudadanos tampoco tiene mucha base argumental porque según los documentos a los que hemos tenido acceso, esta reforma que ahora se pretende tampoco desatiende o descuida la situación del personal al servicio de los registros civiles ya que no se van a eliminar sus plazas ni se van a perder puestos de trabajo.

De hecho, el Ministerio así lo garantiza en lo que sea objeto de su competencia. En el caso de Canarias, puesto que la Comunidad Autónoma es la competente en los asuntos de personal al servicio de la Administración de Justicia, deberá ser el Gobierno de Canarias el que a semejanza del Gobierno de la Nación, garantice también la permanencia de sus trabajadores, en su caso, integrándolos en el órgano judicial del que dependen.

En el momento de escribir este artículo me consta que los diputados regionales del Partido Popular están en proceso de solicitar de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias un compromiso en este sentido.

Como ven, las formas anacrónicas que algunos se empeñan en seguir utilizando de crear una polvareda para que nadie tenga claro lo que realmente está pasando, esconden un fondo propio de viejas tácticas de guerrillas que lo que único consigue, además de crear más confusión y desconfianza, es que quienes las usan retrocedan hasta los años setenta del pasado siglo XX mostrándose como profundamente incapaces de gestionar su propia evolución.