El sacerdote Florencio Garcés, el día que salió de la cárcel tras estar diez días en prisión provisional
El sacerdote Florencio Garcés, el día que salió de la cárcel tras estar diez días en prisión provisional - EFE
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Sobreseída la causa contra el cura de Borja por presunta apropiación indebida

Llegó a estar diez días en prisión acusado de múltiples delitos, entre ellos uno de abusos sexuales, que también quedó desmontado al retirarse la denuncia

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Dos años y medio después de que fuera detenido y enviado a prisión durante diez días, el sacerdote Florencio Garcés, quien durante 40 años fue párroco de Borja (Zaragoza), ha quedado exonerado de las imputaciones de mayor calibre que recaían sobre él y que condujeron a su detención.

En abril de 2014, la juez de Tarazona encargada del caso, María de las Nieves Pérez Martín, tuvo que decretar el sobreseimiento de la causa relativa al presunto delito contra la libertad sexual, ya que quien había denunciado al sacerdote acabó retirando la acusación.

Estaba vinculado a un clan familiar de la zona, varios de cuyos miembros fueron a su vez acusados de supuestas extorsiones contra el sacerdote. A finales del pasado mes de mayo, los siete imputados de este clan familiar quedaron libres al sobreseerse también esta causa que pesaba contra ellos, porque nadie sostuvo denuncia contra ellos por ese presunto delito.

Ahora, el sacerdote de Borja también queda libre del otro delito principal del que se le acusaba, el de apropiación indebida, por haber dispuesto de un total de 168.168 euros de fondos de la parroquia que eran utilizados para diversos fines sociales. Esa cantidad la dispuso a través de 165 operaciones realizadas entre junio de 2012 y noviembre de 2013, pero la Diócesis de Tarazona insistió en que, tras analizar el caso, no se sentía perjudicada y entendía que no debía sostener denuncia alguna contra el cura de Borja por esos hechos.

Ante la negativa de la Diócesis a actuar contra su sacerdote, la juez de Tarazona probó suerte en el Vaticano, articulando una comisión rogatoria para intentar que la Santa Sede actuara contra el cura de Borja. Sin embargo, tampoco ha existido acusación alguna desde esa instancia, y la Nunciatura del Vaticano en España le contestó a la magistrada que la Iglesia no se sentía perjudicada por el proceder de ese párroco y que no quería ejercer ninguna acción judicial contra él.

Al no existir acusación, la juez se ha visto forzada a dictar auto de sobreseimiento de esta causa, porque tampoco la Fiscalía ha mantenido acción acusatoria por ese supuesto delito de apropiación indebida que pesaba contra el sacerdote.

En el auto dictado por la juez deja entrever su malestar por tener que dictar el sobreseimiento. En varias partes del auto insiste en su tesis de que el sacerdote actuó de forma punible, pese a que la acusación contra él se ha desmontado. La magistrada, casi aparentemente en defensa propia, llega a decir en su auto que la imputación que tramitó contra el cura «no es una visión particular de esta juez». Y pese a que ha tenido que dictar el sobreseimiento de la causa, en este mismo auto vuelve a asegurar que «el perjuicio económico ocasionado por el proceder irregular, poco habitual y anómalo» del sacerdote estaba «cuantificado y objetivado».

Contra el expárroco de Borja solo queda ahora una acusación, la de la supuesta falsedad documental, ligada también a un presunto caso de denuncia falsa que se sigue instruyendo contra él. Se le acusa de, supuetamente, haber falsificado en un documento privado la firma de un tercero, al que el cura acusó de estafa, aunque también esta imputación quedó en nada porque el juzgado sobreseyó la causa. A su vez, eso le ha supuesto al cura ser acusado por presunta denuncia falsa.

Cuando fue detenido, en los primeros días de diciembre de 2013, el cura de Borja llegó a ser acusado por la Guardia Civil de hasta cinco delitos de grueso calibre (abusos sexuales continuados, apropiación indebida, coacciones, blanqueo de capitales y simulación de delitos), y fue considerado inicialmente por la juez como un presunto delincuente con riesgo de fuga. Por eso lo mantuvo en prisión durante diez días, aunque después quedó en libertad sin fianza.

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