Caso Rabasa: el juez mantiene que las escuchas telefónicas son legales

El instructor de la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en la urbanización del barrio de Rabasa, Juan Carlos Cerón, mantiene la legalidad de las escuchas telefónicas que desvelaron esta causa, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie definitivamente sobre este asunto.

En esta pieza separada del Brugal están imputados, entre otros, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el empresario y constructor Enrique Ortiz, el gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de ese área.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que Cerón, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, ha emitido una providencia en la que desestima los recursos de parte de los imputados contra la incorporación de nueva documentación proveniente del juzgado de Orihuela matriz del Brugal a la causa de Rabasa.

Los recurrentes habían argumentado que esa documental no procedía debido a que es consecuencia de las escuchas policiales, las cuales entienden que deben ser anuladas, en contra del criterio del juez instructor.

La validez o no de las escuchas policiales, aspecto capital para que siga o no este procedimiento, aún debe ser resuelto por la Audiencia Provincial de Alicante, que aún no se ha pronunciado.

Castedo, Ortiz y el resto de imputados debían haber declarado en calidad de imputados durante octubre y noviembre pero el instructor Cerón pospuso esas comparecencias a causa, precisamente, del incidente de nulidad presentado (sin que la Audiencia haya resuelto todavía) por el constructor, con el objetivo de invalidar las intervenciones telefónicas policiales que pusieron al descubierto las posibles irregularidades.

Además de esta causa judicial de Rabasa, la alcaldesa Castedo figura como imputada en otra de las ramas del Brugal: la relativa al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, también supuestamente a beneficio de Enrique Ortiz.