El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, odenó ayer suspender la comparecencia prevista para este sábado del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, después de que éste comunicara ayer por la mañana al juzgado, vía fax, su interés en declarar por escrito. La decisión obliga a alargar los plazos porque las acusaciones deben remitir al magistrado las preguntas que deseen formularse al ex alto cargo valenciano.
Mediante una providencia dictada ayer, el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma requiere tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al sindicato Manos Limpias a que en un plazo de cinco días, a contar desde el 18 de noviembre, presenten su pliego de preguntas al objeto de valorar la pertinencia de las mismas y posteriormente acordar la nueva citación del expresidente.
Camps comunicó ayer mismo a ese juzgado que había decidido acogerse al privilegio que le concede el artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -al que no podrá recurrir la alcaldesa Rita Barberá, que sí declarará este sábado-, que dispone que quienes hubiesen desempeñado cargos como el de presidente de una Comunidad Autónoma «estarán exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo».
La comunicación de Camps convierte en prácticamente imposible el cumplimiento de los plazos mínimos para que las partes formulen las preguntas que el expresidente debe contestar. El entorno del exlíder popular remarcó ayer, no obstante, que si no informó con antelación al juez su deseo de declarar por escrito fue porque la comunicación del juzgado de Palma de que debía declarar en calidad de testigo no se le remitió hasta el pasado martes.
Este diario ya informó en su edición de ayer de que el expresidente valenciano no se había dirigido al juzgado para confirmar que declararía por escrito -tal y como el expresidente había comunicado a su entorno-. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también anunció el pasado 4 de noviembre su voluntad de acogerse a ese privilegio de los presidentes autonómicos (y que se extienden a las personas que han ocupado ese mismo cargo) declarar también por escrito ante el juez Pablo Ruz en la causa abierta por los contratos con Gürtel.
Tanto Camps como Barberá deben aclarar su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos addendas de los Valencia Summit por los que el Instituto Nóos percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos, así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.
Manos Limpias pidió la declaración como testigos de Camps y Barberá después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordase el pasado 24 de septiembre no imputar ni a Camps ni a Barberá en el marco de esta causa, al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. Así, rechazó asumir la competencia para instruir el caso, que finalmente quedó en manos del juez Castro.
Según la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos. Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento.
Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana en virtud del convenio de colaboración suscrito el 8 de septiembre de 2004 entre la entidad aparentemente sin ánimo de lucro, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB), al que siguieron dos addendas más.
