El Gobierno español pide ayuda a la Unión Europea (UE) para frenar la avalancha de inmigrantes indocumentados procedentes del África subsahariana que cada día llegan a las costas de Canarias. El Ejecutivo ha solicitado a la Agencia Europea para el Control de Fronteras Exteriores (Frontex) «apoyo logístico», el envío de expertos en inmigración y «que coordine el despliegue de medios marítimos y aéreos europeos» para controlar los flujos migratorios.

Al mismo tiempo, en su reunión de este viernes, el Ejecutivo aprobó el llamado Plan África, que sitúa al continente vecino entre los objetivos «prioritarios» de su política exterior y también tiene entre sus principales objetivos la cooperación en la regulación de flujos migratorios. Este plan, concebido para tres años, contempla un refuerzo de la presencia política de España en África con la creación de embajadas en Malí, Sudán y Cabo Verde, oficinas técnicas de cooperación y oficinas comerciales en el resto del continente.

Entre las peticiones formuladas a la Frontex también figura el envío a Canarias de una delegación de coordinación y control de fronteras. La vicepresidenta primera del Gobierno confió en que la UE atienda «de inmediato» esas demandas y colabore con España. María Teresa Fernández de la Vega subrayó que «quienes llegan a España llegan también a Europa», y la inmigración ilegal «es un problema de todos» los países socios de la UE.

La próxima semana, la vicepresidenta viajará a Bruselas para entrevistarse con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y con varios comisarios de la Unión al objeto de «acelerar todas las medidas» solicitadas.

Desde hace unos años, el Gobierno pelea sin demasiado éxito con las instituciones europeas para impulsar una estrategia global y que el resto de países asuma el problema como propio. La número dos del Ejecutivo anunció además que una delegación del Parlamento Europeo visitará Tenerife y Fuerteventura a principios de junio para ver sobre el terreno la dimensión del problema.

Fondo especial

El Ejecutivo ya logró, en la negociación de las últimas perspectivas financieras europeas, la creación de un fondo especial para combatir la inmigración ilegal. El Consejo Europeo de diciembre pasado encargó a la agencia Frontex estudiar si es posible establecer una red de radio patrullas que operen por todo el Mediterráneo, así como la extensión a Italia y Grecia del sistema de vigilancia electrónica de fronteras que controla la llegada de pateras a la Península por el Estrecho de Gibraltar.

En los últimos días, el Gobierno reforzó los controles aéreos y marítimos sobre las fronteras. Esta semana, tres patrulleras y tres aviones del Ejército se incorporaron a las tareas de vigilancia de la costa entre Senegal y Canarias, que se ha convertido en la ruta principal de entrada de inmigrantes desde que se aplican los convenios de repatriación con Marruecos y Mauritania y funcionan las patrullas conjuntas de vigilancia esos países.

El Ejecutivo ha continuado la repatriación de extranjeros a Nigeria, Níger y Guinea Bissau, y trabaja con Senegal y Malí en acuerdos que permitan establecer mecanismos para acreditar la procedencia de sus nacionales.