Trump abandera la ofensiva para relegar al español de la Administración

Un 77% de los ciudadanos apoya la designación del inglés como lengua oficial

Vídeo: Trump firma su primer veto presidencial EP

David Alandete

La campaña que busca hacer del inglés la lengua oficial de Estados Unidos, relegando al español, ha ganado en los pasados meses una fuerza imparable y cuenta ya con un valioso aliado: el propio presidente del país. Donald Trump jugó en campaña electoral con la idea de enmendar la Constitución para hacer que el inglés sea el idioma obligatorio en todos los trámites administrativos. Hoy la Casa Blanca afirma que esa es su postura oficial y los aliados del presidente en el Capitolio han iniciado una ofensiva conjunta que podría acabar con la marginación del español.

Preguntada el martes sobre la posibilidad de que el inglés se convierta en la lengua oficial del Gobierno norteamericano, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, respondió de forma afirmativa: «Sí, esa es hoy la postura de la Casa Blanca».

La semana pasada, un senador republicano, Jim Inhofe, presentó en el Capitolio un proyecto de ley para hacer del inglés la lengua oficial de EE.UU. Según este senador, «del mismo modo que no hay países sin fronteras, no hay unidad nacional sin una lengua común».

En la Cámara de Representantes una decena de diputados republicanos presentó una moción similar en febrero. Con ella proponen declarar al inglés «idioma oficial de EE.UU.» porque es «el hilo común para los individuos de diferentes procedencias unidos en este país», según dice el borrador de ley.

Apoyo de la Casa Blanca

No son estas las primeras leyes que se presentan con tal intención. Pero sí que es la primera ocasión en que llegan al Capitolio con el apoyo firme y decisivo de la Casa Blanca. Es más: el actual vicepresidente, Mike Pence, llegó a respaldar en cinco ocasiones otra ley con la misma finalidad cuando era diputado por Indiana. La Constitución norteamericana no contempla ninguna lengua como oficial en el Estado.

Lo cierto es que a nivel regional sí han prosperado iniciativas para hacer del inglés la lengua oficial de varios Estados. Desde los años 80 una treintena de ellos -incluidos California, Arizona y Florida- ha aprobado leyes para permitir a cada Administración atender a los ciudadanos únicamente en inglés.

Según Javier Rupérez, embajador en EE.UU. entre 2000 y 2004, «la Administración Trump tiene una confesada y obvia política contra la emigración. Y fundamentalmente contra la mayoritaria, de origen hispano. Son múltiples las muestras de tal política, ahora centradas en la obsesión de construir el muro, precisamente en la frontera sur del país. Y esa obsesión se pone también de manifiesto en las propuestas y acciones en contra del uso del español».

Nada más llegar a la presidencia, Trump prescindió de la versión en español de la web de la Casa Blanca. Después despidió al responsable de comunicación para los medios en español. En sus últimos meses en la Casa Blanca, Clinton decidió dictar un decreto para garantizar que el Gobierno federal asistiera a todos aquellos que no hablaran en inglés. Por la naturaleza de la inmigración, sobre todo procedente del resto de América, esto significa que la Administración suele ofrecer servicios por defecto en inglés y español.

«El idioma de América»

Según Stephen Guschov, director del grupo Pro English, que defiende el monolingüismo administrativo en EE.UU., «el paso crucial es que el presidente Trump apruebe un decreto para revocar el penoso decreto del presidente Clinton y que haga así del inglés el idioma oficial de las funciones de la Administración».

La fundación Heritage, muy influyente en las decisiones de la Casa Blanca, presentó hace dos semanas un informe en el que recomendaba a Trump tomar medidas para asegurarse de que aquellos que solicitan la ciudadanía en EE.UU. «demuestran un fuerte manejo del idioma de América (el inglés), además de su historia y vida civil».

Las últimas encuestas demuestran que la campaña para hacer del inglés la lengua oficial goza de un sólido apoyo entre la población. Según un sondeo de Rasmussen publicado el 7 de marzo, un 77% de los estadounidenses esta a favor de esa medida.

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