La ONU pide a Arabia Saudí que no ejecute a seis personas por actos cometidos cuando eran menores

Los expertos han dicho que el país debe enmendar rápidamente su legislación con la idea de prohibir sin ambigüedades la imposición de la pena de muerte contra niños

El Rey Abdalá bin Abdulaziz Reuters

EP

Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha reclamado este lunes a Arabia Saudí que suspenda de forma inmediata la ejecución de seis personas condenadas a muerte por presuntos crímenes cometidos cuando eran menores de edad.

Los expertos han afirmado que todos l os condenados fueron sentenciados por lo que consideran una «criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales, incluida la libertad de asamblea y expresión, cuando eran menores de 18 años».

Así, han manifestado además que supuestamente fueron torturados y sometidos a malos tratos y forzados a confesar , al tiempo que se les negó la asistencia legal adecuada durante el juicio. Los condenados son Alí al Nimr, Daud al Marhun, Abdulá al Zaher, Mujtaba al Sueikat, Salmán Qureish y Abdulkarim al Hauaj.

«Las sentencias a penas de muerte y ejecuciones por crímenes cometidos por personas menores de 18 años en el momento del delito son contrarias al Derecho Internacional», han manifestado. En este sentido, han recalcado que, como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, Arabia Saudí «tiene la obligación de tratar a todos los menores de 18 años como niños».

Por ello, han resaltado que las autoridades «deben garantizar que los niños que no han tenido un juicio justo sean inmediatamente liberados y que aquellos que fueron sentenciados a muerte vean su condena conmutada».

«Arabia Saudí debe enmendar rápidamente su legislación con la idea de prohibir sin ambigüedades la imposición de la pena de muerte contra niños», han dicho los expertos.

Los expertos firmantes son Renate Winter, presidente del Comité sobre Derechos del Niños; Nils Melzer, el relator especial de la ONU para la tortura; David Kaye, relator sobre la promoción y protección de los derechos de opinión y expresión; y Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos de asamblea y asociación.

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