La corrupción en el sector petrolero sacude la política ecuatoriana

El exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, prófugo de la justicia, y dos exgerentes de la estatal Petroecuador presos tienen al gobierno del presidente Rafael Correa en una encrucijada a pocas horas de que concluya el plazo para inscribir el ticket de candidatos a las elecciones presidenciales que concurrirán a las elecciones de febrero de 2017.

El último escándalo llegó la madrugada del viernes, cuando en Quito las fuerzas de seguridad registraron dos viviendas y una papelería.

En el domicilio del exgerente de Petroecuador Marco Calvopiña y en otras dos viviendas se encontraron 300.000 dólares en fundas de papel ocultos en cajones, veladores y en el cielo raso. El exgerente fue detenido. También se incautó información, documentos, cajas fuertes, así como certificados de inversiones de bancos extranjeros y comprobantes de transferencias.

En la ciudad de Esmeraldas se allanó una casa.

Otro exgerente de Petroecuador Alex Bravo, que se encuentra preso, enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y cohecho.

Aunque siempre se sospechó que en el sector petrolero había corrupción, nadie imaginó los volúmenes, hasta cuando el portal Focus, a cargo del periodista y activista político Fernando Villavicencio, sacó a la luz documentos que daban cuenta de contratos sin concurso, obras con sobreprecios y sin estudios y una red de funcionarios y contratistas, muchos de los cuales exhibían un estilo de vida de nuevos ricos.

La rehabilitación integral de la refinería de Esmeraldas, que inicialmente estuvo calculada en 170 millones de dólares, pero terminó costando 2.200 está en el centro del escándalo.

La obra fue contratada, en 2008, por invitación, sin concurso de ofertas, con la compañía Korea Engineering & Construction. Para entonces, un decreto presidencial declaraba la emergencia en Petroecuador y sus filiales, por las pésimas condiciones del sector. Cuando la Contraloría que revisó los contratos encontró que el costo de la que se llamó «Fase 1» fue de 85 millones; la «Fase 2», con la misma compañía, en 2010, por $325 millones. Y, en 2011 otro «complementario» por 137 millones. Pero la obra terminó costando 2.200 millones.

Fernando Villavicencio, quien destapó el caso, sostiene que la figura de «giro específico de negocios», que provino del Ejecutivo, permitió la contratación y la subcontratación incluso con empresas constituidas extrofesamente para los distintos casos.

Los papeles de Panamá confirmaron la trama de corrupción y el expolio de dinero de la estatal, que fue a parar a cuentas «off shore» de Alex Bravo. La Fiscalía pidió la asistencia judicial de Panamá. La respuesta reveló millonarias transferencias que realizaron empresas contratistas estatales a las cuentas de empresas de Bravo, por supuestas comisiones.

«Panamá esconde el dinero mal habido de pequeños y medianos delincuentes. El dinero de los peces gordos está en la banca internacional con tradición financiera o que lideran la contratación multinacional», comenta Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Anticorrupción, designada por sectores sociales. Y agrega: «Pareja, Bravo y Calvopiña, peones del poder, enseñan parte de una maquinaria construida a propósito para saquear al país».

La acción de la justicia ha sido puesta en entredicho. En el caso del exministro la orden de detención llegó cuando había abandonado el país. Igual ocurrió luego con su familia. A la Fiscalía se le responsabiliza también de ser la única que no entendió que la empresa Capaya era el acrónico de Carlos Pareja Yannuzzelli.

El petrolero, parte del sector estratégico, está a cargo del vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien estará en la papeleta electoral, buscando su reelección junto a su antecesor, Lenin Moreno, que va por la Presidencia por la oficialista Alianza País.

Traición

El relato oficial pretende imponer que ha sido el gobierno el que ha denunciado la corrupción. El presidente Correa habla de traición y «una puñalada por la espalda» de su exministro de Hidrocarburos.

También han subrayado que se trata de funcionarios de carrera, pero la designación de Calvopiña la hizo el directorio de Petroecuador integrado por funcionarios del gobierno y el vicepresidente Glas.

Paradoja de lo que vive Ecuador, hace pocas horas, un juez declaró improcedente el recurso de apelación y dejó en firme la orden de prisión preventiva contra Fernando Villavicencio, acusado, junto al exasambleísta Cléver Jiménez, de supuestamente revelar información restringida contenida en correos electrónicos enviados por el procurador del Estado al secretario jurídico de la Presidencia, sobre el «caso Chevron». El exprocurador y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Medina, declaró a ABC: «El pantano putrefacto de la corrupción determina el imperativo impostergable de la restauración moral de la República».