Los forenses argentinos dudan de la versión oficial de la matanza de Guerrero

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colabora de manera independiente a petición de las familias en la investigación sobre los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) desaparecidos tras los sucesos de Iguala del 26 de septiembre, ha señalado algunas irregularidades dentro de la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía). Esto abona la opinión de los padres de los muchachos, que siempre se han negado a aceptar la versión de los hechos del gobierno y que aseguran –sin ninguna evidencia cierta– que a sus hijos se los llevó el ejército.

Según la hipótesis de la PGR, los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula a manos de sicarios del cártel "Guerreros Unidos", a quienes habían sido entregados por la policía municipal de Iguala, que a su vez los había detenido por orden del entonces alcalde José Luis Abarca; después del fuego, según la conclusión de la fiscalía, los criminales metieron los restos en bolsas de basura que arrojaron al río San Juan y que fueron recuperadas por agentes federales.

El procurador (fiscal) general de la República, Jesús Murillo Karam, declaró en una extensa rueda de prensa el pasado 27 de enero que tanto las confesiones de los detenidos como las pruebas periciales –entre ellas la confirmación de que uno de los restos, analizados por la Universidad de Innsbruck, pertenece al estudiante desaparecido Alexander Mora Venancio–, llevaban a "la certeza legal de que los normalistas fueron muertos en las circunstancias descritas".

Sin embargo, los peritos argentinos objetan que no estuvieron presentes cuando se recuperó la bolsa del río, que llegaron al lugar cuando ésta ya estaba siendo analizada por técnicos de la PGR, y que, por lo tanto, no pueden firmar la cadena de custodia de las pruebas. El EAAF denuncia, además, no haber estado presente en la recolección de pruebas del basurero de Cocula, que, se quejan, estuvo abierto al público y sin custodia durante casi todo el mes de noviembre. En el basurero, los argentinos dicen haber encontrado evidencias de múltiples focos de incendio en los últimos años, que "pueden no corresponde a los incidentes del 26 de septiembre del 2014", y otros restos humanos que no se corresponden con los estudiantes, lo cual los lleva a afirmar que no tienen "evidencia científica" para afirmar que los jóvenes acabaron ahí sus días.

La PGR les ha contestado en otro detallado comunicado, en el que remite a las pruebas hechas públicas en varias ruedas de prensa, reitera que ha actuado "en todo momento" con transparencia y concluye que "no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas". En algo sí están de acuerdo tanto el EAAF como la fiscalía: la investigación sobre los sucesos de Iguala aún no ha terminado.