Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido se enfrentan a la apertura de un juicio oral por alzamiento de bienes
El Banco de Luxemburgo pide cuatro años de cárcel para la tenista y Josep Santacana, así como una indemnización de más de 6 millones de euros
El Banco de Luxemburgo ha solicitado una pena de cuatro años de cárcel y una indemnización de 6.170.942 euros, más intereses y costas procesales, para la extenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana , por alzamiento de bienes.
Según avanza el diario «La Vanguardia», la entidad bancaria acaba de presentar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona un escrito con las conclusiones de su investigación y la solicitud formal de la apertura de juicio oral contra la expareja.
Además, en esta nueva documentación hay una nueva ampliación sobre lo presentado en ocasiones anteriores por el Banco de Luxemburgo: las sociedades opacas que Vicario abrió en los estados de Florida y Delaware, en Estados Unidos, al trasladarse Miami en 2013.
Fue en febrero de 2018 cuando la entidad bancaria luxemburguesa pudo comprobar ante las autoridades que la extenista había finalizado el proceso de descapitalización total al vender todas sus propiedades en España y en Andorra, ignorando todos los requerimientos como acreedor y una sentencia firme por vía civil .
Los problemas financieros Arantxa Sánchez Vicario con el Banco de Luxemburgo se remontan al año 2009, cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que le obligaba a pagar 5,2 millones de euros en por el impago de impuestos durante los años 1989 y 1993 .
Según la sentencia, la extenista había tratado de demostrar que durante esos años residía oficialmente en Andorra, argumento que fue echado por tierra por un juzgado para demostrar que estaba defraudando a la Hacienda española.
Fue en 2010 cuando el Banco de Luxemburgo reclamó a Sánchez-Vicario y a Santacana la devolución de un aval que la entidad había adelantado al Banco de Sabadell. Pero las cuentas del exmatrimonio estaban a cero, tal y como pudo comprobarse durante la investigación judicial posterior la entidad luxemburguesa acudió a la justicia española por la vía civil. Para ese entonces, la valoración era de 5,2 millones de euros y ha seguido aumentando.
Al escrito de conclusiones del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Barcelona para la apertura de juicio oral ahora debe sumarse el de la Fiscalía y el de las defensas Arantxa SáncezVicario y Josep Santacana.
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