Madrid tiene 1.700 propietarios con 50 o más inmuebles cada uno

En total hay 26.573 tenedores de más de diez inmuebles en la Comunidad de Madrid

Carteles anunciando el alquiler de viviendas en un portal de Madrid JAIME GARCÍA

Sara Medialdea

La posibilidad de que una ley nacional limite el precio de los alquileres de viviendas ha alterado a muchos propietarios de inmuebles, tantos grandes como pequeños . Pero al acercar el foco se ve quiénes serían los realmente afectados por esta nueva norma , que obligaría a bajar los precios a los grandes propietarios: aquellos que tienen más de diez inmuebles. Y esos, en la región madrileña, son algo más de 26.000.

Concretamente, según los últimos datos de la Dirección General del Catastro, hay 26.573 tenedores de más de diez inmuebles en la Comunidad. Luego, hay 21.915 propietarios que tienen entre 11 y 25 inmuebles. Y 2.940 poseedores de entre 26 y 50. En la cima de esta montaña están los 1.718 propietarios que son dueños, cada uno, de más de 50 inmuebles.

La nueva Ley de Vivienda es, de momento, sólo el fruto de un acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos , y aún no se ha materializado en un texto. De lo dicho hasta el momento se extrae su filosofía: se obligará a los grandes propietarios a bajar el precio de sus alquileres. Y se exigirá a los pequeños que los congelen. Esto, en las llamadas zonas tensionadas, aquellas que presentan precios más altos.

Fondos de inversión

Pero ¿qué es un gran propietario? Según las indicaciones que se han dado sobre la nueva norma, se considerará así a los tenedores de 10 o más inmuebles en propiedad. No obstante, se matiza que tal vez la ley no hable específicamente de grandes propietarios , sino de personas físicas o jurídicas a la hora de aplicar las medidas. El objetivo sería actuar contra los grandes fondos de inversiones que, junto con los bancos, son los que poseen más viviendas, y no contra los particulares que son dueños de varias.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cifra las empresas dedicadas al alquiler a nivel nacional en el 9,3 por ciento del total de quienes alquilan. La patronal del sector , ASIPA, en su estadística indica que los grandes tenedores no son más del 2,5 por ciento del total.

Otros estudios privados, como el de Atlas Real Estate Analytics, indica que los grandes tenedores de vivienda en alquiler acumulan no más de 110.000 casas en España, apenas el 4 por ciento del stock total.

Datos de Atlas Analytics ponen el acento en la importante presencia de los grandes tenedores en las ciudades de más tamaño. En Madrid capital, en el anillo interior un 38 por ciento de las viviendas de alquiler serían de personas físicas , y un 62 por ciento de personas jurídicas. Los primeros son, por regla general, aquellos que tienen sólo una o dos viviendas en propiedad. Las jurídicas suelen tener ocho o más viviendas, y un perfil «mucho más profesionalizado», añade el informe.

En la región madrileña, las autoridades autonómicas han tomado posición claramente en contra de esta posible regulación del alquiler. Hasta el punto de advertir que tienen previsto presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, y plantean ya que no llevarán a cabo las medidas que dependan de su actuación, como definir cuáles son las zonas tensionadas.

La consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín , defiende que la realidad de los propietarios de inmuebles en alquiler es otra: «El 90 por ciento de la vivienda en alquiler en estos momentos está en manos de los pequeños propietarios, que en la mayoría de los casos tienen ese alquiler como complemento a su renta, e incluso como fuente de ingresos principal».

Advierte de los efectos que normas similares han tenido en otros lugares: «En Cataluña, un 55 por ciento de las decisiones de inversión se han parado, y un 13% ha trasladado su inversión a otro territorio». En el caso de Madrid, vaticina que si se pone en marcha la ley, «lo que ocurrirá es que dejarán de iniciarse 2.370 viviendas al año de obra nueva destinada al alquiler libre, con una reducción de la inversión de 730 millones de euros».

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