Polémica
Carmena no restituirá la unidad «antidisturbios» de su Policía Municipal
El Ayuntamiento aún estudia si recurrir la sentencia que anula el procedimiento de eliminación de las UCS
El Ayuntamiento no está dispuesto a restituir las Unidades Centrales de Seguridad (UCS) de la Policía Municipal . Así lo han afirmado, taxativamente, fuentes del Área de Seguridad, Emergencias y Salud, pese a la sentencia que anula el procedimiento por el que se desmantelaron el año pasado los dos grupos de «antidisturbios». «Nos ratificamos en nuestra decisión y en mantener la UAS», comentaron ayer a ABC, en referencia a la Unidad de Apoyo a la Seguridad que, sin competencias en orden público, vienen a ser un sucedáneo de las UCS.
La Concejalía que dirige Javier Barbero y los servicios jurídicos municipales se encuentran aún analizando la sentencia adelantada el pasado martes por este periódico y la documentación que se tramitó para el proceso de desmantelamiento. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo respondía afirmativamente al recurso interpuesto por el sindicato CSIF y anulaba el acuerdo de la Junta de Gobierno del 6 de abril de 2016: no se ajustaba a derecho y exigía que se repitiera el procedimiento contando con la negociación colectiva entre el Consistorio y todas las centrales sindicales con representación.
Desde Seguridad argumental que «los traslados por motivos operativos son competencia de la Dirección General de la Policía Municipal y del Área, por lo que no requieren de un acuerdo con los sindicato s». La piedra de toque, afirman, está en la retribución de puestos de trabajo. Se refieren a que los alrededor de 300 agentes que conformaban las UCS perdieron el complemento específico de 320 euros brutos al mes que percibían por prestar servicio en esa unidad. «Al cambiar los destinos, también lo hacen los salarios» en ese sentido, inciden fuentes municipales.
Lo cierto es que la supresión de los «antidisturbios», ya anunciada por Ahora Madrid semanas antes de tomar posesión de Cibeles, es uno de los conflictos más enquistados entre el Cuerpo y sus responsables políticos. Mientras que el Ayuntamiento considera que carece de competencias de orden público y que no se corresponden con el espíritu «menos represivo» del Plan Director aprobado el año pasado;la práctica totalidad de los sindicatos censuran la medida. Hasta el punto de que en febrero de 2016 protagonizaron un escrache contra Barbero en la plaza de la Villa que supuso la apertura de expedientes graves que aún se están resolviendo.
El CSIF, a raíz de la sentencia última, considera que el juez ordena también la restitución de las UCS, un extremo que niega el equipo de Carmena.
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