La incertidumbre política marca el segundo aniversario de la proclamación de Felipe VI.

Dos años como monarca y un tercio de ese tiempo de reinado sin ejecutivo electo en la Moncloa. Y con una situación inédita incluso hasta para su padre Juan Carlos I: con hasta dos rondas de contactos parlamentarios en Zarzuela en una legislatura fallida de menos de cinco meses que se ha visto abocada a la primera repetición de elecciones que sellaba el propio Felipe VI con la firma de la disolución de las Cortes el pasado 3 de mayo.  Ese escenario político incierto, al que se le suma el reto independentista en Cataluña, es el último gran condicionante de una agenda del rey Felipe que arrancaba el 19 de junio de 2014 con varios frentes abiertos muy distintos. Como la caída de popularidad de su antecesor o los escándalos de corrupción que han acabado sentando en el banquillo de los acusados por el caso Nóos a su hermana la infanta Cristina y a su cuñado Iñaki Urdangarin. A los que les ha retirado el ducado de Palma en una tensa disputa de comunicados reales, cartas como respuesta y desmentidos de vuelta. Cortafuegos familiar del monarca en el que también ha incluido medidas de austeridad y transparencia en palacio. Sondeos como el último de Metroscopia publicado en el diario El País, apuntan que el apoyo popular de la labor de Felipe VI como jefe de Estado ha crecido del 62 al 73 por ciento en dos años.