Jueces y políticos

La lógica dice que una sesión de control al presidente debería servir para que la oposición fiscalice su acción de gobierno, pero se acercan las elecciones y los nervios y la incertidumbre nublan el juicio de muchos. Este próximo miércoles la izquierda que todo lo sabe va a interrogar en el Parlamento a Feijóo por una denuncia que presentó una mujer ante la Fiscalía, no contra él, ni contra ningún conselleiro, sino contra José Manuel Baltar, que lo que preside no es la Xunta sino la Diputación de Orense.

Es grave ya que haya quien pida su cabeza sin esperar ni siquiera a comprobar si la justicia admite o no esa demanda, pero más lo es querer hacer de este caso una causa general contra el PP y contra el gobierno autonómico.

Están dispuestos a lanzar de nuevo el mensaje de que el PP lo integran insensibles y delincuentes, porque no hay más ciego que el que no quiere ver y siempre habrá quien les crea.

A Feijóo no le ha temblado el pulso estos meses para apartar de su gobierno a aquéllos que se han visto inmersos en investigaciones judiciales; que le pregunten a los ya exdelegados de la Xunta en Orense y Vigo, o a los altos cargos que se han visto implicados en las irregularidades de las ayudas a cursos de formación.

Las acusaciones contra Baltar son muy graves —ofrecer trabajo en un ente público a cambio de relaciones sexuales— pero ese tipo de delitos hay que probarlos y no parece que vaya por ahí la voluntad de la oposición. Los grupos de izquierdas quieren hacer de fiscales, de abogados de la acusación e incluso de jurado popular aunque pisoteen así el derecho de presunción de inocencia de un hombre que ni siquiera ha sido imputado. Intentan que se hable a toda costa de un caso que puede ser gravísimo o puede no ser nada, y pretenden que el presidente de la Xunta asuma un papel de juez que no le corresponde. El sentido común huye despavorido cuando se acercan las precampañas electorales.