Galicia traslada al Gobierno un convenio para preservar los valores culturales de Meirás

Proteger los valores culturales de la Torre de Meirás: ese es el objetivo de la Xunta al plantear un convenio de colaboración al Gobierno central. Según recoge en un comunicado el Ejecutivo gallego, se trata de un sitio «histórico» , por lo que es necesario «mantener una acción común en esta materia, dando así cumplimiento al acuerdo del Parlamento de Galicia adoptado esta semana por unanimidad de todas las fuerzas políticas».

De esta manera, Galicia quiere articular la colaboración y coordinación entre ambas administraciones, ampliando el clima de cooperación que viene caracterizando este proceso en defensa de los intereses del patrimonio de todos los gallegos, cuya salvaguarda, conservación, fomento y disfrute es una prioridad para el Ejecutivo autonómico.

Así, se pretende adoptar medidas, teniendo en cuenta el marco competencial de cada una de las partes, en este período intermedio entre la ejecución provisional de la sentencia -asumida por el propio Gobierno central en coherencia con el defendido en el pleito- y hasta que las resoluciones judiciales adquieran firmeza, recoge la Xunta en un comunicado dirigido a los medios de comunicación.

Con estos objetivos, sería el Estado el que interesaría a la Consellería de Cultura, Educación y Universidad , como forma de colaboración a la hora de ejecutar las competencias estatales, para la modificación de la declaración de interés cultural, en particular para ampliar la declaración del inmueble a los bienes muebles que deben entenderse afectados por esta y, por lo tanto, considerarse inseparables, añade en el comunicado el Gobierno gallego.

La entrega provisional del pazo al Estado el pasado mes de diciembre permitió avanzar en el conocimiento de los elementos vinculados a él, lo que haría posible extender ahora la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de Meirás, aprobada en 2008 con la categoría de sitio histórico.

Además, la Xunta comprende que la colaboración entre ambas administraciones permitiría contribuir a la protección del Bien de Interés Cultural (BIC). Más aun en base a la normativa estatal y autonómica, nombradamente la Ley 16/1985 de protección del patrimonio histórico español.