Los agentes de Aduanas admiten que no oyeron a Liñares hablar de «cantidades concretas» con los empresarios

Con la anulación por parte de la Audiencia de Lugo de todas las diligencias posteriores al 23 de septiembre de 2012, es decir, las que fueron consecuencia de la primera declaración ante la juez Pilar de Lara de Francisco Fernández Liñares, el juicio por la gestión de este al frente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil da un relevante giro . El elemento acusatorio se limita a aquello que se investigara con anterioridad a esa fecha. Para el fiscal es más que suficiente, al existir pinchazos telefónicos, seguimientos, documentación encontrada en registros domiciliarios e indicios sobre el amaño de contratos a cambio de mordidas en metálico a Liñares. Pero la defensa del principal acusado está, precisamente, en minimizar esa supuesta carga probatoria de los delitos de prevaricación y cohecho que se le imputan en base a lo que se ha librado de la nulidad.

En esta segunda jornada del juicio han declarado en calidad de testigos los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que participaron en la instrucción del «caso Pokemon», del que se deriva la pieza separa de la Confederación. A preguntas de la fiscalía, los funcionarios de Aduanas se han ratificado en sus informes , en los que se recoge cómo, en su opinión, había un entramado entre las empresas y Liñares para el reparto de obras desde el ente hidrográfico, con adjudicaciones amañadas a cambio de mordidas a su máximo responsable y principal acusado. «El resto de empresas se presentaban para cubrir expediente» , afirmó un agente, «en alguna conversación telefónica lo comprobamos».

El abogado de Liñares, Evaristo Nogueira, recondujo el interrogatorio a los testigos hacia su terreno. Preguntó a los distintos investigadores si, en alguno de los seguimientos o conversaciones telefónicas intervenidas a Liñares, «hablaba de alguna contraprestación económica» a su favor. La respuesta de los agentes fue negativa. «Entendíamos que eso estaba pactado con antelación, pero no hablaban de ninguna cantidad concreta» , afirmó el primero de los funcionarios que compareció por la mañana. En los pinchazos eso no consta, admitieron, aunque sí una velada referencia de uno de los nueve empresarios acusados que en un determinado momento habla por teléfono de ir a casa de Liñares «a entregarle lo del mes», según apuntaron varios agentes. Uno de ellos abundó en esa idea: «Como hacían referencia a "lo del mes pasado", yo interpreto que hablaban de pagos mensuales».

Los agentes de Aduanas repitieron en diversas ocasiones que las grabaciones telefónicas constatan las reuniones de Liñares con los empresarios de las contratas adjudicatarias de las obras, bien en la sede de la Confederación, bien en restaurantes. Pero de qué se dijo en ellas todos coincidieron: no hay constancia. Como tampoco de las entregas del dinero de manera fehaciente, no se presenciaron ni están reflejadas en los pinchazos. Uno de los funcionarios advirtió que, en el caso del empresario Daniel Blanco, sus encuentros con Liñares se producían de noche en la parte trasera de la casa de este, lo que dificultaba las vigilancias. Es el asidero de la defensa para intentar contrarrestar el relato expuesto al unísono por ocho empresarios en el primer día de juicio : que pagaron sobres con dinero como gratificación por recibir obra pública. Aduanas tiene el convencimiento, expresado por sus investigadores en sala, aunque no haya una evidencia que lo atestigüe.

El segundo caballo de batalla de la defensa de Liñares ha estado en desacreditar la confesión que este realizó en un bar de Santa Comba a agentes de Vigilancia Aduanera en septiembre de 2012, de regreso a Lugo tras un registro en un domicilio de su propiedad en Dumbría. A preguntas del fiscal José Luis Álvarez, los funcionarios que presenciaron aquella «declaración espontánea» del principal acusado han negado una y otra vez que fuera fruto de ningún tipo de coacción o presión.

«Nuestro trato fue correctísimo siempre, nunca hubo malas palabras ni malas caras», afirmó uno de los testigos, «en todo momento fue una persona razonable», y descartó que Liñares mostrara síntomas de estar bajo los efectos del alcohol o similares. «En ningún momento le forzamos, fue una cosa espontánea de él» , añadió, «y dijo que se ratificaría en el juzgado». La defensa ya trató de anular esta declaración, pero el tribunal estimó el martes que no se trata de una diligencia judicial sino policial, y por tanto es válida. Fiscalía acabó por renunciar a varios testigos de Aduanas por los problemas derivados de la conexión telemática. Este jueves tendrá lugar la tercera sesión del juicio, y no se descarta que puedan presentarse por las partes sus informes finales y, por tanto, sea la última.