El 65% de los ayuntamientos no genera ingresos por el impuesto de plusvalía

La foto de la recaudación fiscal en los ayuntamientos de Galicia muestra un mapa plagado de divergencias . Mientras que las zonas más pobladas se aprovechan de su mayor participación en los ingresos del Estado, las áreas más castigadas por la sangría demográfica y la dispersión se tienen que conformar con los fondos de cooperación territorial. Son estos pequeños concellos los que entran en una espiral difícil de combatir: la falta de cotizantes y de actividad económica estable provoca que la administración local vea mermada su capacidad para obtener recursos en sus propios dominios, cada vez más devaluados.

Esta es solo una de las conclusiones que se extrae del último informe de la Fegamp sobre los ingresos de las haciendas municipales. El análisis viene a constatar las notables diferencias entre comarcas, visibles también según el tipo de tributo a recaudar. Así, un 65% de los concellos no aplica el Impuesto de Plusvalía , recientemente reformado, después de que el Tribunal Constitucional dictaminara la prohibición de gravar las compraventas de inmuebles si el propietario no obtenía ningún beneficio a cambio. En esa misma dirección apunta otro dato : siete de cada diez euros recaudados por este tipo de transacciones (en torno a los 41,4 millones de euros, el 5,1% del total) lo absorben las siete grandes ciudades de la Comunidad; y un grupo de 14 comarcas no recauda ni un solo euro de las plusvalías. El máximo registrado es de 47 euros por habitante, una «notable» diferencia, según los técnicos de la Fegamp, en comparación con el resto de entidades locales del Estado.

Aunque, el principal sustento de las arcas municipales en Galicia no es ni mucho menos el Impuesto de Plusvalías, sino el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano : seis de cada diez euros provienen de esta fuente, unos 500 millones de euros . Se trata de un gravamen de base muy variable, que va desde los 13.000 a 50.000 euros per cápita y desde los 7.000 a los 60.500 euros por inmueble. Aquí, también, la federación de los concellos señala desigualdades «extremas». La percepción por habitante, señala el informe, puede cambiar entre los 75 euros y los 280; igual que sucede con el diferencial respecto al resto de España: Galicia recauda 96,5 euros menos por habitante (182,2) que la media del Estado (278,7).

En lo que respecta al IBI rústico, los ingresos apenas rebasan los 12 millones. Y el motivo de una cifra tan magra vuelve a ser la reducida capacidad de los consistorios pequeños para gestionar sus obligaciones tributarias.

El podio de recaudación municipal lo completa el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica , que ocupa el segundo lugar del escalafón (130 millones, el 16% del total). En un nivel inferior se sitúa el Impuesto de Actividades Económicas (80 millones de euros, un 9,9%), reformado en el año 2002; seguido del Impuesto de Bienes de Características Especiales, que grava las centrales de producción eléctrica y gas, los saltos de agua, embalses o los parques eólicos, entre otros. Supone un 3,7% del total (30 millones), pero a cambio es de los pocos cuyos resultados sobresalen en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes . También es el único donde la media gallega se sitúa por encima de la estatal, con un diferencial de 1,7 euros por habitante.

Y, ¿qué hay al otro lado de la balanza? Sabido es que los ingresos municipales, ajenos a las contribuciones autonómicas y de la administración central, reflejan ciertas desigualdades, pero los gastos, baremados según los datos de las liquidaciones presupuestarias, muestran hasta qué punto los concellos están constreñidos para acometer inversiones. La tendencia que se repite en los balances publicados por el Ministerio de Hacienda indica que alrededor de siete de cada diez euros disponibles por las ciudades gallegas se destinan al pago de personal –casi un tercio los recursos— y al sostenimiento de los servicios básicos , como el saneamiento o la iluminación. En consecuencia, el desembolso promedio en inversiones no acostumbra a superar ni el 10% .

A pesar de todo, no todo son malas perspectivas para los concellos. Desde el pasado mes de julio, los consistorios y las diputaciones recibieron la devolución de 5 millones de euros por el llamado «céntimo sanitario» . Un error en los cálculos, denunciado por las entidades locales de Galicia, propició que Hacienda retornara a sus arcas 18 millones de euros desde 2014. En el conjunto de España, las devoluciones ascenderán a 283 millones.