Tribunales
Un juzgado de Castellón encausa a once personas por el bulo del Bar España sobre una red de políticos pederastas
El tribunal abre procedimiento abreviado contra la difusión de información falsa sobre una supuesta secta satánica con figuras relevantes desde hace más de dos décadas
El Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha acordado abrir procedimiento abreviado contra once personas por la difusión del mal llamado 'Caso Bar España' , uno de los mayores bulos de la crónica negra del país, que situaba en Benicarló una red de pederastas formada por gente relevante que agredía sexualmente y asesinaba a menores internos en un centro de la localidad castellonense durante la realización de ritos satánicos. Una banda que estaría encubierta, además, por jueces, policías y guardias civiles.
Según el auto hecho público este martes, al menos desde 1998, algunas personas -entre ellas, el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps o la magistrada Sofía Díaz- «han venido siendo objeto de continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y canales» de televisión, relacionándoles «con una organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia » que mantenía reuniones en el citado restaurante -que contaba con habitaciones- para cometer «hechos atroces», todos ellos «rotundamente falsos».
Una campaña de «acoso y desprestigio público» que, según el escrito, comenzó el dueño de una peluquería ya fallecido y condenado con anterioridad por este asunto, y por la que se han realizado multitud de denuncias falsas a distintas instancias jurídicas. La juez indica que los once encausados han actuado «de forma infamatoria contra los perjudicados, atentando gravemente contra su integridad moral e, instigando artificialmente un odio contra sus víctimas , afectando a su honor». Los promotores de este bulo que circula desde los noventa señalan también como encubridores a actuales cargos de la Generalitat, como su vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra.
Los menores que supuestamente fueron objeto de actos sexuales y agresiones, según señala el auto, reconocieron que esas acusaciones no eran ciertas. Asimismo, explicaron que el principal impulsor de la trama inventada les obligó, aprovechando sus días de permiso del centro de menores en el que se encontraban internados por sus circunstancias familiares, a aprenderse unos textos en los que relataban las agresiones para grabarlos en la parte superior de su local de su peluquería o en sus propios domicilios. Sus progenitores, de hecho, también fueron condenados por estas falsedades.
«Durante años, internautas especializados en la propagación de bulos y en la difusión de teorías conspiratorias, difundieron la historia y la publicaron y mantuvieron en distintos foros», destaca el escrito judicial, por lo que se acuerda enjuiciar a los responsables de varias publicaciones digitales que afirmaron que «casi un centenar de niños fueron violados de forma continuada en Castellón durante más de una década».
Al respecto, a uno de los encausados -conocido en redes con el seudónimo de 'Técnico preocupado' se le practicó en 2016 un registro domiciliario en el que se intervino documentación sobre el caso. Otro aseguró en medios de comunicación que no estrenaba el documental que él mismo había grabado sobre este asunto por miedo a represalias.
