Caso TaulaLa investigación sobre las indemnizaciones hinchadas en Imelsa se desinfla

Las indemnizaciones excesivas de trabajadores de Imelsa eran legales pese a las altas cantidades. Se trata del principal argumento de los exempleados imputados que han declarado hasta el momento, pero también la conclusión, a priori, por parte de los encargados de la investigación.

Ésta se realiza en una pieza separada de la macrocausa (en la cual el secreto de sumario se mantendrá, al menos, hasta el próximo 14 de julio) y se centra tanto en los elevados finiquitos como en los contratos a personas que nunca acudieron a su puesto en la empresa pública durante la época en la que el popular Alfonso Rus era presidente de la Diputación y Marcos Benavent gerente (ambos imputados).

Hasta el momento, han declarado los trabajadores que percibieron estas indemnizaciones hinchadas a falta de uno, Honorio Estornell (exalcalde de Llutxent y exdelegado sindical de UGT), quien justificó su ausencia en un viaje ya programado con el Imserso.

Su caso es el más llamativo. Fue despedido en 2008, año en el que solo estuvo dado de alta el 1 de enero. Por ese único día, festivo, percibió una retribución de 37.607 euros, según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -que recoge datos de Hacienda- que consta en el sumario del caso, y además otros 72.251 euros de liquidación por el despido (más de 100.000 en total).

Entre los que han pasado por el juzgado se encuentran el exdelegado de UGT Rubén Estornell (hijo de Honorio), el ex teniente alcalde de Vallada Frutos Biosca o el ex director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch. Todos ellos defendieron que no cometieron ninguna irregularidad, que el cobro de sus finiquitos no incumple la legislación y que sus sueldos se ajustaban al puesto que desempeñaban.

Benavent admitió ante el magistrado en su día que la política de la empresa era conceder la máxima indemnización (45 días) y que, durante su primer mes en el cargo, se encargó de despedir a 70 u 80 personas por el exceso de personal que había.

Las sospechas iniciales se basaban en que pudiera haber existido algún tipo de «maquinación concertada» entre la empresa y algunos trabajadores para que éstos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un «innecesario y arbitrario enriquecimiento» a costa del erario público. Sin embargo, este plan no parece ser general sino que se da en casos específicos.

La mayoría de los investigados que han declarado atribuyen su despido a una cuestión política, al dejar de ser personas de confianza de Rus y de Benavent cuando entraron en la Diputación de Valencia. Pero aunque la motivación fuera contratar a gente próxima a ellos, los despidos de los anteriores no serían ilegales.

Esta parte de la investigación, por tanto, y según apuntan fuentes cercanas al proceso, no tendría mayor recorrido pese a que reste la declaración de Honorio Estornell y podría sobreseerse próximamente para los empleados que no se encuentran implicados directamente en la toma de decisiones.

Faltarían, eso sí, las citaciones de los 15 trabajadores ficticios contratados por Imelsa, que todavía están por señalar y afectan al responsable de la empresa de comunicación Engloba José Adolfo Vedri y a un jugador del Olímpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.