El expresidente de Bancaja y de la Generalitat Olivas se sienta en el banquillo por fraude

Otro episodio judicial de la era de la debacle de las cajas de ahorros. En este caso, el expresidente de Bancaja y de la Generalitat Valenciana, y exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas y el empresario Vicente Cotino se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio por presuntos delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental, los próximos martes y miércoles en el Juzgado de lo Penal 6 de Valencia .

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en esta vista se enjuiciarán unos hechos cometidos en 2008, cuando una empresa del en su momento máximo dirigente autonómico asesoró a una mercantil del empresario Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía.

Dos años de cárcel

El ministerio público pide para los dos acusados dos años de prisión y multa de 200.000 euros por un delito fiscal y un año de prisión y multa de 2.700 euros por falsedad documental. La fiscalía provincial de Valencia solicitó al Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia la apertura de juicio oral contra Olivas y Vicente Cotino y contra las empresas Grupo Fiscal Asedes Capital, Sedesa Inversiones e Imarol.

En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscalía expuso que Vicente Cotino era en 2008 dueño y administrador único del Grupo Fiscal Asedes Capital, al que pertenece la empresa Sedesa Inversiones, cuyo objeto social era el sector de la construcción y el energético.

Por su parte, José Luis Olivas era administrador y socio al 50% con su esposa, Mercedes Álvarez -imputada inicialmente en esta causa-, de Imarol, cuyo objeto social era el asesoramiento de empresas y la inversión patrimonial.

Para el fiscal, Cotino y Olivas actuaron de acuerdo "con ánimo de defraudar a la Hacienda pública", para lo cual decidieron consignar en el impuesto de sociedades de 2008 del grupo Asedes como gasto deducible una transferencia de 580.000 euros que hizo Sedesa Inversiones a Imarol, "cuya causa y finalidad se desconoce".

Para ello, los acusados "crearon un documento que aparentaba ser una factura" firmada por Olivas -la única que emitió Imarol en 2008-, en la que se documentaba que el cobro por Imarol a Sedesa de ese importe se debía a "unas supuestas actividades de gestión y asesoramiento" en la venta por Sedesa Inversiones a Eneda de su 25% en Proyectos Eólicos Valencianos.

Ese asesoramiento "no existió", según el fiscal, ya que esa venta la realizó la empresa Inversiones Alternativas Energéticas, propietaria de las acciones y también perteneciente el Grupo Asedes, "sin intervención alguna" de Olivas.

Por su parte, el expresidente aseguró en noviembre de 2014 en un comunicado enviado a Efe que nunca tuvo poderes ejecutivos en Bancaja ni un contrato de alta dirección, por lo que afirmó que podía ejercer libremente como abogado y asesor de Sedesa Inversiones.

Según explicó en ese comunicado, entre los meses de abril a julio de 2008 colaboró con la empresa Sedesa Inversiones en la gestión y asesoramiento para la venta de su participación del 25 % en Proyectos Eólicos Valencianos a Endesa, por cuyo trabajo expidió la correspondiente factura y percibió los honorarios profesionales que tenía acordados con su cliente.

Esos honorarios, según José Luis Olivas, "fueron declarados a Hacienda en su momento y por ellos" hizo efectivos los correspondientes impuestos.