Crisis en Compromís: el Gobierno valenciano investiga a otra alto cargo por ocultar incompatibilidades

Un caso de nepotismo ha provocado la primera dimisión en el Gobierno valenciano, presidido por PSPV y Compromís. Pero la lista de salidad puede engrosar en las próximas horas. Si la secretaria autonómica de Salud Pública y Sistema Sanitario Público, Dolores Salas (Compromís), presentó ayer su dimisión ante la «presión» a la que asegura haberse visto sometida por la polémica generada con el contrato de su hija en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio), ahora se le puede sumar la de Mónica Cucarella, también miembro de la coalición nacionalista.

En el caso de la directora general de Internacionalización, accedió al cargo sin declarar que era apoderada de una gasolinera

en la localidad de Alzira. Una estación de servicio que lleva un año cerrada y que la empresa de la familia de Cucarella (que figuraba como apoderada hasta hace dos semanas) se niega a desmantelar. Los trabajos de contaminación los pagará el Gobierno valenciano al que todavía pertenece la dirigente de Compromís siempre que la empresa (que ha sido denunciada ante los tribunales) mantenga su negativa a asumir el coste.

Uno de los nexos comunes entre Salas y Cucarella ha sido la crítica que han merecido sus actuaciones por parte de la líder de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, para quien «las personas que tienen un alto cargo son responsables de la información que presentan en los registros que marca la ley y el código de buenas prácticas a los que nos hemos sumado el presidente, los consellers y el resto de altos cargos»

Sala y Cucallera han sido objeto de una investigación interna por parte de la Conselleria de Transparencia, también controlada por Compromís.

Los casos de nepotismo, de hecho, han provocado la primera crisis de gobierno tras un año de «mestizaje» entre PSPV y Compromís. Aunque la primera dimisión ha caído del lado de los nacionalistas, en el Gobierno valenciano se mira de reojo a la consellera de Sanidad, Carmen Montón. La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal tras una denuncia presentada por el sindicato CSI-F por posibles contratos irregulares en la sanidad pública. A esta denuncia se suman los casos de contrataciones de dirigentes del PSPV en puestos de responsabilidad.

Al respecto, el PP ha exigido explicaciones al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a Oltra por convertir la Sanidad pública en una «red de favores».

En el caso de Salas (la primera que ha estampado negro sobre blanco su renuncia) ha incidido en que su renuncia «no significa reconocer irregularidad alguna».Después de saltar el caso de la número dos de Sanidad tras publicarlo Las Provincias, la Consejería de Transparencia abrió una investigación del proceso de contratación, que dio a conocer ayer mismo.

En el informe observa defectos y deficiencias en el sistema de selección de personal de la entidad, que «fundamentalmente derivan de la utilización indebida de la experiencia previa como criterio/requisito de selección, en lugar de ponderarla en el apartado de méritos», lo que «genera un excesiva limitación y una consiguiente situación de riesgo en relación a la posible existencia de situaciones de preconfiguración de los candidatos a seleccionar».Salas también está siendo investigada por el Protectorado y Registro de Fundaciones de la Generalitat Valenciana -que no descarta llevarlo a Fiscalía- por no comunicar, tal y como exige el Reglamento de Fundaciones, que su hija iba a concurrir a una plaza en Fisabio. En el ámbito estrictamente político, destacados miembros del Consell como la vicepresidenta Mónica Oltra se desmarcaron de estas actuaciones por no considerarlas «estéticas», aunque ha pasado un mes desde que se tuvo conocimiento de este asunto hasta que Salas ha presentado su dimisión.

En el escrito, y tras recalcar que desde el primer momento ha estado a disposición de quien le nombró, agrega: «La presión a la que se me ha sometido en estas últimas semanas, en un contexto de contienda electoral, poniendo en duda mi honestidad y perjudicando mi imagen y la de mi familia, me obligan a renunciar a la tarea para la que fui nombrada, ya que la eficiencia en este cometido se ve comprometida».La secretaria autonómica de Sanidad también intentó situar a su cuñado en un puesto directivo de la Conselleria, aunque en esta ocasión el departamento tuvo conocimiento de que había ocultado la relación de parentesco y se frenó la designación.