Una polémica salida de Cuixart a la cárcel de Tarragona casi activa el código para la fuga de presos con rehenes

El presidente de Òmnium salió de Mas d'Enric por una «puerta exclusiva» acompañado del jefe de la prisiones de la Generalitat

Jordi Cuixart, el sábado 18 de enero, volviendo a la prisión tras un permiso EFE

D. Tercero

El trato de privilegio que las autoridades penitenciarias de la Generalitat de Cataluña dispusieron a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural y condenado por sedición a 9 años de prisión por su participación en el procés , estuvo a punto de activar un código que se implementa cuando se produce una fuga de reclusos con rehenes.

El pasado domingo, 26 de enero, Cuixart se desplazó desde Lledoners (Barcelona) a la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) como miembro del grupo de teatro de la prisión barcelonesa y para representar una obra a los reclusos de Tarragona , entre los que se encuentra la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell, también condenada por sedición (a 11 años de prisión) por su participación en el procés .

Tras representar la obra de teatro, según denunciaron los funcionarios del centro penitenciario y publicó hace unos días el Diari de Tarragona , Cuixart, tres presos más, el subdirector de Régimen Interno de Mas d’Enric, José Alberto Sánchez, y el secretario de Medidad Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, salieron por «una puerta exclusiva para personal autorizado» sin permiso.

Esta situación devino en momentos de confusión para los funcionarios, que estuvieron a punto de activar el código 3, que se pone en marcha cuando se da una situación de fuga de presos con rehenes , pues los presos que vienen de otras cárceles para casos como el de Cuixart deben salir por un lugar restringido y de especial vigilancia y control.

Desde la Consejería de Interior se han reconocido los hechos, según apunta el diario tarraconense, pero han asegurado que la presencia de Sánchez permitía la salida de los presos de Lledoners por la «puerta exclusiva». Los sindicatos de los funcionarios están recopilando información sobre lo sucedido, que valoran como muy grave, y podrían pedir dimisiones de los responsables políticos.

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