Nacho Martín Blanco - Tribuna abierta
La inmersión de los otros
«Hay que tener en cuenta el derecho de los catalanohablantes a recibir una enseñanza apreciable del castellano»
El nacionalismo vuelve a tocar a rebato tras la resolución del Tribunal Supremo que fija definitivamente en el 25 por ciento el mínimo de horas lectivas en castellano en las escuelas de Cataluña. Los nacionalistas, como de costumbre, plantean el debate en términos apocalípticos: o inmersión lingüística en catalán o adiós a la cohesión social. No hay término medio. O todo en catalán o todo en castellano, que por algo las sociedades 'normales' solo tienen una lengua: la lengua propia. En Cataluña, el catalán. El resto son impropias, ya sea el español, el inglés o el urdu.
Ni que decir tiene que la idea de que el castellano no es lengua propia de Cataluña, consagrada en el Estatuto, es tan perversa como ridícula. Es tanto como decir que el inglés no es propio de los escoceses o de los galeses; el francés, de los aquitanos o de los bretones; y el mismo castellano, de los asturianos o de los aragoneses. Solo un proyecto basado en un nacionalismo lingüístico trasnochado puede sostener semejante aberración.
La cohesión social es posible con un modelo de inmersión en catalán, pero también lo sería con un modelo de inmersión en castellano. Ahora bien, ¿qué necesidad tenemos de arrinconar una de las dos lenguas propias de los catalanes relegándola en el mejor de los casos a la condición de lengua extranjera? ¿Por qué los catalanes no podemos disfrutar de un sistema educativo en que nuestras dos lenguas propias, el catalán y el castellano, tengan una presencia equilibrada? Pues, precisamente, porque para los partidos nacionalistas la presencia del castellano en Cataluña, y por tanto el bilingüismo, ha sido siempre una anomalía que tiene que ser corregida, empezando desde la educación infantil y primaria.
La alternativa a la mal llamada inmersión lingüística no es, como sostienen los nacionalistas, la segregación por razón de lengua. De hecho, no hay ningún partido con representación en el Parlamento de Cataluña que preconice nada parecido. Desde Ciutadans, por ejemplo, defendemos un modelo trilingüe en que el catalán y el castellano -como lenguas propias de la mayoría de los catalanes- y también el inglés tengan una presencia equilibrada, las tres como lenguas vehiculares. No pretendemos ni hacer desaparecer el catalán, ni perpetrar un genocidio lingüístico ni ninguno de los desafueros que los nacionalistas atribuyen a cualquiera que ose cuestionar el monolingüismo del sistema actual. Así pues, lo justo y razonable sería que se nos atacase por lo que defendemos, el trilingüismo en las aulas, y no por lo que a los nacionalistas les gustaría que defendiéramos. Cada palo que aguante su vela.
¿Qué necesidad tienen los partidarios de la inmersión en catalán de distorsionar nuestro modelo? ¿Por qué no lo critican sin desnaturalizarlo? ¿No será porque en el fondo lo consideran de lo más razonable? ¿Quizás porque coincide con lo que muchos de ellos ofrecen a sus hijos? ¿Por qué razón habrían de criminalizar una propuesta que coincide con el proyecto educativo de las escuelas privadas que muchos de ellos escogen para su prole? Pues bien, en vez de admitir que les gusta y que comparten la propuesta de Ciutadans y que por eso llevan a sus hijos a escuelas trilingües, estos defensores de la inmersión de los hijos de los otros, en un alarde antológico de hipocresía y cinismo, deforman la realidad para presentar la generalización del modelo que ellos escogen para sus hijos como una amenaza para la supervivencia de la lengua catalana. Delirante.
El modelo actual lesiona el derecho de los castellanohablantes a recibir la enseñanza en su lengua materna, oficial en toda España y lengua familiar de la mayoría de los catalanes.
Paradójicamente, esta restricción de un derecho reconocido por la Unesco solo ha sido posible dentro de los límites del ordenamiento jurídico español. En contra de lo que a menudo afirman políticos y tertulianos nacionalistas, si Cataluña hubiera sido un estado independiente, difícilmente se habría podido justificar ante la UE, el Consejo de Europa, la ONU y el resto del entramado institucional internacional un modelo educativo que excluye la enseñanza en la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos.
En cualquier caso, el derecho de los catalanes castellanohablantes a recibir la enseñanza también en su lengua materna no es el único argumento que pone en entredicho la idoneidad de la inmersión obligatoria en catalán. También hay que tener en cuenta el derecho de los catalanes catalanohablantes a recibir una enseñanza apreciable del castellano, y es evidente que esto difícilmente se conseguirá excluyendo el castellano como lengua docente. Del mismo modo que los catalanes castellanohablantes tienen derecho a aprender un catalán digno, los catalanohablantes tienen derecho a aprender un castellano que vaya más allá del lenguaje coloquial, y a menudo descuidado, que escuchan en la calle y a través de los medios de comunicación.
La resolución del Supremo debería suponer el principio del fin de un sistema injusto y discriminatorio como el que llevamos décadas padeciendo.
Nacho Martín Blanco es portavoz de Ciutadans en el Parlament
