Jaime Rabanal: «El Estado igual se queda con más recursos de los que debería, pero tampoco se trata de vaciar sus arcas»

Tras su fichaje sorpresa -incluso para él-, Jaime Rabanal debuta hoy como representante de la Comunidad en la comisión de expertos creada para tratar de encontrar «un punto de acuerdo básico» que permita cerrar el ansiado nuevo modelo de financiación. Convencido de que es «posible» aunar los intereses de todas las autonomías augura -aunque no garantiza- que Castilla y León saldrá finalmente «mejor» financiada, pero también advierte de las «extraordinarias dificultades» que puede haber en el camino.

-¿Le sorprendió su elección como representante de Castilla y León en la comisión teniendo en cuenta que es el PP quien gobierna la Comunidad y que usted fue consejero en Asturias con el PSOE?

-Más por la propia propuesta. Lo político no tiene nada que ver.

Me chocó porque yo no estaba en ese momento en el contexto de considerarme un experto.

-¿Le costó aceptar? ¿Tuvo que consultar a alguien?

-La consejera me lo puso muy fácil y no me costó trabajo decidirme después de hablar mucho con ella.

-En principio disponen de seis meses para confeccionar un informe que puede ser la base del futuro modelo. ¿Es tiempo suficiente o teniendo en cuenta las diferencias de partida puede ser un plazo escaso?

-La comisión deberá fijar desde hoy las normas de funcionamiento. Lo que sí hay es una referencia para que en 2017 el modelo esté cerrado, por lo que tendremos que ajustarnos a los requerimientos de los políticos, que son los que están por encima.

-¿De verdad cree posible que haya un nuevo modelo antes de 2018?

-Posible es, pero sobre todo es deseable no tener este frente abierto indefinidamente. Puede hacerse.

-¿Qué conclusiones cree que debe incluir ese informe para que considere que su labor acaba con éxito?

-Para que mi trabajo y el del resto de los expertos respondiera a la responsabilidad que asumimos deberíamos ser capaces de formular un modelo que pudiera ser aceptable por el conjunto de las comunidades. Dicho así, es fácil, pero tiene extraordinarias dificultades porque las autonomías son muy diversas y, en consecuencia, los aspectos a considerar para que todas puedan estar razonablemente de acuerdo son distintos. Si somos capaces de trabajar bajo el principio de la equidad, que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a los mismos servicios cualquiera que sea su ubicación, y tenemos en cuenta cuál es la realidad de cada territorio -en nuestro caso influida por la dispersión o el envejecimiento-, es posible formular un modelo que dé respuesta a esos problemas, teniendo en cuenta también las restricciones presupuestarias y que los recursos tienen un limite.

-Pero una fórmula que contente a todas las partes parece algo utópico con las diferencias que hay de salida.

-Al final, todas se deben sentir razonablemente satisfechas o con una insatisfacción que no sea tan fuerte como para rechazarlo. Aunque es cierto que el contexto global no es el mejor para los acuerdos, en Castilla y León, por ejemplo, hay un pacto firmado por todos los grupos de las Cortes a partir del cual se puede construir un modelo para el conjunto de las comunidades. Eso demuestra que el consenso no es tan difícil porque aquí se ha dado. Toca revisar el modelo y se nos juzgará por los resultados que consigamos, no solo desde el punto de vista financiero, sino también si somos capaces de dar a luz un nuevo modelo que mejore el anterior.

-La reclamación «histórica» de Castilla y León, que es que se tenga en cuenta aspectos como la superficie, la dispersión, la baja densidad o el envejecimiento también choca con las comunidades que reclaman que se valore más la población.

-Esa es la pelea principal de un sistema que lo que debe tratar es de establecer los mecanismos para garantizar la igualdad de derechos y servicios en el conjunto del país. Para ello hay que ver cuáles son los factores que influyen en los costes y conseguir que esos servicios se puedan financiar. Supongo que seremos capaces de convencer a los demás de que a la hora de determinar los costes hay que hacerlo de la forma más ajustada posible. Sabemos ya que hay ciertos consensos que están aceptados como que la población no consume la misma sanidad en función de la edad del paciente. Aquí decimos que no es lo mismo prestar servicios en cualquier pueblo que en una ciudad, porque tenemos más del 30 por ciento de los municipios de España. Tenemos unas características diferenciales que generan costes diferenciales. Si alguien nos convence de que es mucho más barato prestarlos en un pueblo de Castilla y León que en Carabanchel, podemos entendernos.

-Si el Gobierno plantea que la recaudación es menor que antes de la crisis todo apunta a que serían necesarios más impuestos para que las comunidades ingresen más.

-O eso o repartir lo que hay de otra manera. El Estado igual se queda con más recursos de los que debería. Por ejemplo, se reserva una parte del déficit y a las comunidades les da un margen menor. Tampoco se trata de vaciar sus arcas porque si no no podría desarrollar muchas de sus política. Ahí esta la discusión que a priori no tiene más solución que la que se encuentre cuando se cierre el sistema.

-¿Es necesaria una mayor capacidad fiscal para las autonomías?

-Si. Porque la autonomía lleva aparejada la corresponsabilidad fiscal, la capacidad de decidir. Pero no es fácil hablar de nuevos tributos. Se debe abordar con tranquilidad. Los hechos imponibles son los que son. Se trata de mejorar la capacidad de decisión, la autonomía final de las comunidades. Si decides gastar y pides los ingresos, te haces trasparente y los ciudadanos pueden juzgar con su voto. Hay que plantearlo además en un marco de armonización fiscal, aunque alguna diferencia fiscal debe haber.

-¿Descarta que una vez se cierre finalmente haya de nuevo vencedores y vencidos?

-Hablar de esa manera es empezar mal. Tiene que haber un modelo que dé respuesta a los requerimientos de todas las comunidades.

-La Junta cifra en unos 500 millones de euros anuales el desfase entre lo que recibe a través de la financiación autonómica y lo que destina a las consejerías sociales. ¿Si se consiguiera esa cantidad a mayores sería ya un éxito para Castilla y León?

-No puedo poner cifras porque no conozco con precisión los datos presupuestarios. Castilla y León tiene que salir bien financiada para garantizar los servicios públicos fundamentales.

-¿Puede garantizar que el nuevo modelo de financiación será mejor para Castilla y León que el actual?

-Dios me libre de garantizar nada... El trabajo que tenemos que hacer los expertos es facilitar ese pacto que en su día pueda ser aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el Congreso. Debemos limar todo lo que podamos las asperezas, además de hacer un diseño técnico bueno. Si no lo conseguimos, se demostrará que la comisión no ha servido.