Informes

La noticia suele comenzar o contener en sus inicios una frase del siguiente tenor: «El informe de… al que ha tenido acceso este medio…». Y es entonces cuando uno se pregunta si los informes de… la Guardia Civil, las distintas policías, las fiscalías o cualquier otra instancia del Estado dedicada a velar por el cumplimiento y salvaguarda de la ley y el orden están a disposición de cualquiera que quiera hacerlos públicos; o si, por el contrario, se guardan y custodian escrupulosamente para que, al menos ese principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico llamado presunción de inocencia, no sea un mero guiño al sol.

Comprobamos con excesiva frecuencia y a veces recurrencia cómo esos informes, supuestamente emanados de alguna investigación destinada a terminar en algún juzgado que demuestre su veracidad o yerro, se filtran a la prensa para convertir a ésta en adelantada parte sin juez.

Parte sin juez que, dependiendo de su ética profesional e, incluso a veces, de sus intereses editoriales, ideológicos o mercantiles, decidirá si exponerlos convenientemente a sus lectores para que éstos vayan sacando sus conclusiones y, de paso implícitamente, dicten su propia sentencia.

La secuencia y el modus operandi son tan perversos en estos casos que, una vez que el nombre de alguien -casi siempre político o empresario «cercano» a alguna de las administraciones- se asocia a una de estas investigaciones, los acontecimientos se precipitan sin freno. Así, veremos al «asociado» ponerse en guardia, dar todo tipo de explicaciones, justificarse, mostrar pruebas -si las tiene- y negarlo todo, consciente sin duda de que la presunción de inocencia se convierte rápida y socialmente en una clara presunción de culpabilidad; a sus contrarios, por su parte, les escucharemos pedir la cabeza del susodicho, indignarse como si fuera un caso probado y emplear toda la artillería a su alcance para cobrar la presa reciente; al ciudadano, lector o no, le veremos aplicar el axioma castellano de «cuando el río suena…».

Y de este modo, quede probado o no el hecho, ya por vía de juicio, ya por ausencia de pruebas suficientes para celebrarlo, el investigado llevará para siempre sobre sí el baldón de la duda y el peso de sospecha.

Que en España hay políticos corruptos es de una evidencia palmaria; que no están todos los que son, también. Pero no por ello deberíamos permitirnos el lujo de pensar que el político es ya un proyecto de corrupto desde el mismo momento en que asume su cargo. Porque esto además de una falacia es también una grave injusticia. Y jueces tiene la justicia, como doctores la Iglesia.