Construciones ilegales: la actuación «de buena fe» del alcalde de San Román de los Montes en una presunta estafa

Eva y Roberto son un matrimonio que está a la espera de la sentencia, después de haber sido juzgado este miércoles por una presunta estafa de 28.000 euros en la compraventa, en 2015, de dos fincas rústicas en San Román de los Montes (Toledo) . El foco está en una de ellas, de 1.700 metros cuadrados, donde construyeron ilegalmente una vivienda de unos 50 metros cuadrados. Esto originó un procedimiento administrativo para su derribo, que todavía no se ha ejecutado, además de una sanción económica.

En esta historia el alcalde, el socialista Francisco Sánchez , jugó un papel principal. Desde 2007 al frente del Ayuntamiento, fue la persona que informó rápidamente a los compradores, una joven pareja, de que la finca no estaba libre de cargas. «Cuando me pasaron los edictos, observé en mi despacho que las parcelas habían sido transferidas de propietarios y dije: '¡Madre mía!' . Llamé al oficial de la notaría para que localizaran a los nuevos dueños». Cuando pudo hablar con uno de ellos, «se lo dije claramente: 'Tienes un follón'. Y entiendo que no tenían conocimiento de ello. No sabían que había un expediente urbanístico abierto por esta situación ilegal», afirmó Sánchez por videoconferencia este miércoles.

Los vendedores aseguraron ante el tribunal que informaron a los compradores, que contradicen a su vez a los procesados. Su abogado defensor pide la libre absolución «porque no se ha acreditado la estafa» y «no ha habido jamás intención de perjudicar». «¿Dónde ha estado la estafa y el enriquecimiento?», se cuestionó el letrado. «La venden por 28.000 euros y la sanción es de 21.000. ¡Las víctimas somos nosotros! », exclamó en la sala.

Sin embargo, la Fiscalía de Toledo y la acusación particular sostienen lo contrario. La representante del Ministerio Público mantiene su petición de tres años de cárcel para cada uno de los inculpados, porque «hubo engaño» al no revelar las cargas de la finca.

La acusación particular dio un paso más y aseguró que la estafa es agravada porque sus clientes compraron «una vivienda útil». «No comunicaron la orden de derribo» , por lo que «los acusados mienten», concluyó el letrado, quien destacó la intervención del alcalde en este caso: Francisco Sánchez «actuó de buena fe» al poner en conocimiento de los compradores la situación ilegal de la finca. «¿Quién va a comprar un terreno en San Román de los Montes en el que no se puede construir?», se preguntó el letrado.