Se aprueba una ley que pone todas las trabas posibles para impedir el fracking

Castilla-La Mancha, territorio libre de fracking. Desde este jueves el Gobierno regional del socialista García-Page puede utilizar perfectamente este eslogan después de que el Parlamento regional aprobara una ley que pone todas las trabas posibles para que esta polémica práctica de extracción de gas sea inviable para cualquier empresa. La ley se aprobó con los votos a favor del PSOE y de Podemos, y con la abstención del PP.

Con el fracking (fracturación hidráulica en castellano), el gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional, se extrae inyectando en la roca a una alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena. Cuando la roca se fractura y el gas se libera, este fluye hasta la tierra con parte de esos aditivos químicos.

Quienes están en contra del fracking aseguran que esta práctica supone un grave riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente. Quienes defienden el fracking, afirman que los recursos utilizados son menos contaminantes que los utilizados para extraer otras energías como, por ejemplo, el carbón, y por supuesto niegan los riesgos.

«Hoy es un día feliz, es un día de alegría. Hemos hecho lo que teníamos que hacer escuchando al pueblo de Castilla-La Mancha», dijo desde la tribuna del Parlamento regional el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

Las competencias en Energía le pertenecen al Estado y no a las comunidades autónomas. Esto es importante recordarlo porque, con la aprobación de esta ley, Castilla-La Mancha no prohíbe el fracking. Lo que hace es introducir una serie de medidas para asegurarse de que a ninguna empresa le sea rentable emprender un proyecto de este tipo. ¿Y cuáles son esas trabas? Pues, sobre todo, económicas. Así, por ejemplo, el Gobierno regional exigirá que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones, según informó Efe.

La ley, además, tiene carácter retroactivo, por lo que afectará a los dos proyectos en territorio castellano-manchego a los que el Gobierno nacional de Rajoy ya otorgó la necesaria autorización. Uno es el de Campo de Montiel, entre las provincias de Ciudad Real y Albacete; y el otro se sitúa en la provincia de Guadalajara (además de en la castellano-leonesa de Soria).

Castilla-La Mancha se convierte en la quinta comunidad autónoma que legisla contra el fracking, después de que ya lo hayan hecho Cataluña, Navarra, La Rioja y Cantabria. A estas dos últimas regiones las llevó el Gobierno de Rajoy al Tribunal Constitucional por entender que las autonomías no tenían competencia en esta materia. Y el Constitucional dio la razon al Estado, de ahí que la estrategia utilizada en Castilla-La Mancha haya sido la de poner todas las trabas posibles al fracking en vez de prohibirlo directamente.

«Supone más riesgos que beneficios y, por eso, nos hemos puesto del lado de la prudencia frente a la temeridad», decía hace meses el consejero Martínez Arroyo. Un argumento, el de la prudencia, que ayer repitió la diputada socialista Carmen Torralba.

Por otro lado, la ley establece que en un máximo de 18 meses se apruebe un plan estratégico al que el Consejo de Gobierno deberá dar su beneplácito. La oposición del PP se abstuvo porque quería que el plazo fuera más corto, de un año, y que el plan tuviera que pasar por el Parlamento regional.

PP: «Una chapuza» de ley

Desde las filas populares también argumentaron su abstención en que, por un lado, comparten que el fracking no cuenta con todas las garantías medioambientales ni sociales, pero, por otro, creen que el Gobierno regional ha creado «falsas expectativas que no han cumplido». Es más, según el diputado Antonio Martínez, la ley es «una chapuza», informó Efe.

Mientras, desde Podemos, el diputado David Llorente dijo que la ley ha sido aprobada gracias a «la sociedad civil organizada». Con estas palabras, Llorente se refería a los movimientos «antifracking» que se formaron en la comarca del Campo de Montiel y en la provincia de Guadalajara a raíz de los proyectos autorizados por el Gobierno de Rajoy. Miembros de estos movimientos estuvieron ayer en las Cortes y recibieron el aplauso de los diputados del PSOE y de Podemos.

Además, Llorente acusó a socialistas y populares de tener «posiciones contradictorias» en este tema, y por eso les pidió que apoyen a nivel nacional la propuesta presentada esta semana por Podemos en el Congreso de los Diputados para prohibir el fracking.

Por otro lado, Llorente animó al Gobierno regional a que ahora cree un grupo de trabajo que desemboque en otra ley pero contra la minería de tierras raras que, en su opinión, es «exactamente igual» que el fracking al consistir en «reventar la tierra por dentro».

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha manifestaron su satisfacción por la aprobación de la ley «antifracking» y recordaron que han sido «la única entidad agraria» que siempre se ha mostrado en contra de esta práctica.