Canarias sigue sin paralizar los desahucios con una oficina autonómica

Las regiones de España que abrazaron el «boom» de la construcción durante los años de la burbuja inmobiliaria son las que ahora experimentan los mayores estragos en sus consecuencias, como viviendas inacabadas, vacías y sin vender o un mayor porcentaje de personas que sufren ejecuciones hipotecarias que se inician e inscriben en los Registros de la Propiedad.

El Archipiélago canario, en el que no sólo se fomentó la construcción civil duplicando el tamaño de unos cuantos barrios de las capitales isleñas carentes luego de servicios municipales suficientes y de calidad, sino también la edificación de toda clase de complejos turísticos -moratoria mediante-, es de las autonomías que más ha tardado en apuntarse a la idea de crear una oficina, servicio, departamento o similar de carácter regional, especializada en atender a las personas en riesgo de perder su casa.

Seis meses después de pactar para gobernar Canarias, CC y PSOE siguen sin querer oficializar su anuncio de contribuir en lo posible a paralizar los desahucios con la constitución de una oficina institucional y autonómica al efecto, bajo el argumento de que, la que llama la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Defensa del Derecho a la Vivienda, «actualmente se encuentra en fase de diseño» y, «en cuanto a su dotación presupuestaria, no está aún concretada».

Así se lo ha transmitido la Consejería canaria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda que dirige la socialista Patricia Hernández, al diputado de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, en varias respuestas parlamentarias que datan de finales de noviembre. Un departamento, por otra parte, que ha querido responsabilizarse de esta labor cuando en otras CC. AA., como Asturias, no sólo se ha creado una ventanilla, una figura distinta, sino que recae en la Consejería de Justicia asturiana, al tratarse, en definitiva, de garantizar la defensa jurídica de los afectados.

De hecho, dicha ventanilla se encarga adicionalmente de asesorar sobre sobre las diferentes posibilidades de ayuda o de acceso a una nueva vivienda. En cualquier caso, se desarrolla en una oficina de la Dirección General de Justicia, que además ha puesto en circulación un teléfono gratuito de atención y hasta una dirección de correo electrónico «ad hoc».

Frente a la batería de medidas activadas sin dilación por las instituciones en todo el país, tal es el caso de Castilla La Mancha, por ejemplo, autonomía en la que el gobierno de Emiliano García-Page, del PSOE, ha abierto hasta seis oficinas de asesoramiento e intermediación hipotecaria, el hipotético pacto de progreso de Canarias basa la inexistencia de una anunciada oficina regional en cuestiones tan peregrinas como que están realizando «un estudio» para definir sus funciones», y en que todavía no se ha decidido dónde abrirla. Al punto de que Vivienda está meditando la posibilidad de dispersar los puntos del futuro servicio.

Proactividad

No obstante, mantiene, en otra respuesta parlamentaria sobre el mismo asunto, que la situación «no es óbice» para no que se esté actuando de manera «proactiva en la paralización de lanzamientos y, en particular, intentando localizar viviendas disponibles que sirvan como alternativa habitacional».

Por lo demás, como si se tratara de algo único en España y especialmente dificultoso para esta Consejería, en comparación con las ya operativas en el resto del país, le especifica a Luis Campos que se está realizando el mencionado «estudio detallado en cuanto al alcance de las labores a desarrollar por la oficina, en aras a prestar un completo asesoramiento y apoyo».

Y que, a fin de promover «la cercanía al ciudadano», barajan «diversas opciones, incluso una combinación de ellas, estudiando la posibilidad de que el servicio pueda prestarse en ubicaciones varias, ya sea directamente ante organismos autónomos, ya sea ante organismos locales» a través de convenios, anota Vivienda con la retórica parlamentaria al uso. Entre las localizaciones posibles, incluye el Instituto Canario de la Vivienda (ICV) y Visocan, ambos entes adscritos al Ejecutivo.