Canarias está envuelta en nueve expedientes de infracción en la UE sobre materia medioambiental

Si algo demostraron las prospecciones petrolíferas realizadas por Repsol en aguas próximas a Canarias es la maraña jurídica que rodea a los hábitats naturales canarios, tanto los que dependen directamente de la gestión del Gobierno de Canarias como los que dependen del Ejecutivo nacional. También pusieron de relieve que, cuando la Administración autonómica y el Ejecutivo que ordena sus designios se lo proponen, desempolvan medidas, acciones y hasta leyes a medida de las circunstancias políticas de turno.

Tal fue el caso de la Ley de Participación Ciudadana, oportunamente desarrollada para intentar dar cobertura autonómica a la malograda consulta ciudadana sobre los sondeos.

Contra todo pronóstico y, a pesar del caladero de corte ecologista que explotó el Ejecutivo de Rivero en sus últimos tres años de legislatura para frenar las catas, España mantiene abiertos hasta nueve expedientes de infracción por incumplir la normativa de la Unión Europea y que implica de lleno al Gobierno canario y sus competencias en materia medioambiental y otras.

La amplía mayoría de estos expedientes, hasta mediados de julio, se refieren a asuntos relacionados con las aguas y los residuos. Sus planes, gestión y tratamiento, fundamentalmente.

De acuerdo al cuadro resumen trimestral que elabora la Dirección General de Asuntos Económicos con la UE, se trata exactamente de siete infracciones, cuatro de ellas establecidas por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, obviamente, sancionan al Reino de España, responsable último de eventuales incumplimientos autonómicos, también estatales, relacionados con directivas comunitarias.

Por una de estas infracciones preguntó en septiembre pasado la diputada nacionalista del Parlamento canario Socorro Beato. En concreto, se interesó por las acciones y medidas que ha activado el Gobierno de Canarias con respecto al procedimiento 2008/2365, abierto por la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Y, más específicamente, cuestionó al Ejecutivo por la ausencia de medidas de conservación adecuadas en los espacios integrantes de la Red Natura 2000. La pregunta no es casual. Se está ejecutando la sentencia de 22 de septiembre de 2011 del TJUE, que declaró que España incumplió dicha directiva sobre los hábitats por «no haber establecido prioridades de protección ni haber adoptado ni aplicado las medidas apropiadas de conservación y protección de las zonas especiales de conservación correspondientes a los LIC de la región macaronésica situados en territorio español».

Al igual que está en fase de ejecución la sentencia de 4 de octubre de 2012 del mismo TJUE, que declara que el Estado español incumplió la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE). O también la sentencia de 14 de abril de 2011 del tribunal europeo, que hace lo propio en lo que atañe a la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas en aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes.

El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias criticó en mayo pasado los «reiterados incumplimientos» de los mandatos legales de algunas administraciones canarias. En este punto, se refirió a la obligación de Gobierno canario de mantener la Red Natura 2000 en un estado de conservación favorable, «incumpliendo las obligaciones que le incumben» por la citada directiva sobre hábitats.

Vertido de residuos

Pendiente de la decisión del Tribunal TJUE se encuentra el todavía presunto incumplimiento de la Directiva 1999/31/CE relativa a vertidos de residuos. Para la Comisión, España no tomó las medidas necesarias para solicitar a las entidades explotadoras de los vertederos un plan de acondicionamiento conforme a ciertos apartados de la citada directiva y tampoco aportó en su momento «las medidas para cerrar aquellas instalaciones que no hubieran obtenido autorización para continuar con sus actividades». También está por verse si España ha incumplido la Directiva 2005/65/CE, por no haber aprobado las evaluaciones y los planes de protección portuaria en los puertos incluidos en el ámbito de aplicación de la citada Directiva. Afecta de lleno a Canarias.

Por otra parte, la Comisión Europea ha anunciado su decisión de recurrir al TJUE por lo que considera un incumplimiento de la Directiva de residuos (2008/98/CE), tras constatar que España no ha adoptado «medidas para garantizar que los residuos se valorizan o se eliminan sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente (riesgos para el agua, aire o suelo, atentar contra el paisaje)», precisa la Dirección General de Asuntos Económicos con la UE. En paralelo, la institución comunitaria examina la documentación aportada, ya en fase precontenciosa, el incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en diversas aglomeraciones.

También analiza la supuesta ilegalidad, declarada por la CE en junio de 2013, de las ayudas concedidas por España a los operadores de la plataforma de televisión terrestre para extender la cobertura de la TDT