La Oficina Anticorrupción de Baleares pone reparos al actual plus de 22.000 euros anuales que perciben los altos cargos foráneos
El informe presentado por el director del organismo autonómico, Jaume Far, recomienda que los asesores provenientes de fuera de Mallorca justifiquen sus gastos reales y que además se clarifiquen los conceptos de residencia «temporal» y «definitiva»
El director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, Jaume Far, acaba de emitir un informe con sus conclusiones sobre el controvertido plus anual de 22.000 euros por residencia y transporte que perciben los altos cargos foráneos del Govern. Far considera que dicho plus es legal, si bien recomienda que el montante total a percibir por cada asesor no debería ser genérico e invariable, como hasta ahora, sino que debería fijarse «en función de la realidad del gasto», que además debería ser justificado. Far también recomienda en su informe clarificar los conceptos de residencia «temporal» y residencia «definitiva».
Cabe recordar que la Oficina Anticorrupción de Baleares inició en diciembre una investigación para conocer si los 19 altos cargos foráneos que actualmente cobran el plus por residencia y transporte cumplían o no los requisitos necesarios para poder percibir dicha cantidad extra. Las diligencias se iniciaron después de que a finales del pasado año se hubieran denunciado posibles irregularidades en el cobro de dicho plus por parte de algún asesor de Unidas Podemos. El siguiente paso ha sido ahora la presentación del citado informe, que Far ha entregado a la Comisión de Hacienda del Parlamento balear para su análisis. Por su parte, la portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, indicó el viernes que se estudiarán las dos recomendaciones hechas en ese informe, sin concretar si ello derivará o no en algún posible cambio legislativo.
Como se ha indicado, Far hace dos recomendaciones en su informe. En una indica que se debería establecer el importe de la indemnización «en función de la realidad del gasto o del coste de la residencia temporal que se considere que soportarán los altos cargos afectados por su traslado a la isla de Mallorca», con un importe máximo «tanto en términos monetarios como en porcentajes en cada concepto de gasto», exigiendo en cualquier caso «la justificación de los gastos junto con los comprobantes bancarios correspondientes, con carácter previo a su abono». En la otra recomendación se señala que se debería «modificar la regulación de la indemnización» establecida en los Presupuestos del Govern de 2020, para que no haya contradicción con la obligación de empadronamiento regulada en el Real Decreto 1690/1986.
Situación actual
Los altos cargos de la Comunidad que no están empadronados en Mallorca cobran desde hace años un plus específico de 22.000 euros anuales, destinado esencialmente a cubrir los gastos de alquiler de una vivienda en la isla. En el actual mandato, están cobrando ese plus 15 altos cargos que dependen directamente del Govern y cuatro más que trabajan en empresas públicas autonómicas, en concreto en el canal autonómico IB3, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, Puertos de las Islas Baleares y la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental.
En la presente legislatura gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, que preside un Ejecutivo conformado por miembros del PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca. En la actualidad, un consejero autonómico cobra en torno a unos 60.000 euros anuales brutos. Por lo que respecta al citado plus por residencia de 22.000 euros anuales, supone una ayuda media de unos 1.800 euros al mes para un consejero o un asesor no empadronado en Mallorca que necesite alquilar una vivienda.
La mencionada compensación económica fue puesta en marcha en el año 2000. Inicialmente, sólo tenían derecho a ella los políticos residentes en Menorca, Ibiza o Formentera que debieran realizar su labor en Mallorca, tras haber sido nombrados para un nuevo cargo en la isla mayor del Archipiélago. Más recientemente, en 2011, se aprobó que esa compensación la pudieran recibir también políticos o asesores procedentes de la Península o de Canarias que hubieran sido igualmente designados como altos cargos en Mallorca. Cabe recordar que desde la restauración democrática, las sedes de la Cámara regional, el Ejecutivo autonómico y las distintas consejerías se encuentran ubicadas en Palma.
Controversia política
El plus es percibido ahora tanto por altos cargos del PSOE como de MÉS y de Unidas Podemos, si bien es esta última formación la que contaría ahora con más asesores procedentes de fuera de Mallorca, en concreto, seis sobre el total de 19 altos cargos citados. En ese contexto, a finales del pasado año trascendieron discrepancias públicas entre Unidas Podemos y MÉS per Mallorca acerca de si sería necesario revisar en mayor o menor medida el sentido de ese plus y también sobre quién debería cobrarlo. Inicialmente, la formación morada era partidaria de mantener el plus de 22.000 euros sin cambios. Sin embargo, poco después el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos acordó que propondría reducir de 22.000 a 12.000 euros anuales el plus por residencia.
Todas esas cuestiones fueron puestas sobre la mesa en el pleno celebrado en diciembre en el Parlamento regional para debatir y votar las diferentes enmiendas a los Presupuestos de 2020. Así, MÉS per Menorca presentó una enmienda en la que defendía que el citado plus sólo fuera cobrado a partir de este año por los altos cargos residentes en Menorca, Ibiza o Formentera, excluyendo a los que procedieran del resto de España. La citada enmienda fue rechazada, con los votos en contra de los 19 diputados del PSOE, cinco de Unidas Podemos y los tres de Vox. En cambio, votaron a favor los diputados de MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Gent per Formentera, el PI y Cs, sumando 14 votos en total. Por su parte, los 16 diputados del PP y uno de Izquierda Unida que forma parte de Unidas Podemos se abstuvieron.
Tanto Ciudadanos como Unidas Podemos presentaron entonces sendas enmiendas transaccionales a la de MÉS per Menorca, que no fueron aceptadas por los ecosoberanistas menorquines. La formación naranja y la formación morada proponían que la compensación por residencia pasase de los 22.000 euros actuales a 12.000 euros en total, si bien Cs defendía que el plus volviera a ser cobrado sólo por parte de los altos cargos isleños, mientas que UP quería que lo siguieran percibiendo los altos cargos foráneos procedentes de fuera de Baleares. En cualquier caso, Podemos anunció que había decidido que de los 22.000 euros que siguen conformando hoy el plus, sus altos cargos destinarían a partir de ahora 10.000 euros a distintas ONG's, por lo que técnicamente percibirían en realidad 12.000 euros en total por ese concepto.
