El separatismo se hunde en otra guerra interna por los presos
La ANC y las familias de los internos cargan contra la Generalitat por no liberarlos
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Atribuyen a Churchill la máxima de que los «adversarios están enfrente» pero «los enemigos detrás» . Una expresión perfectamente aplicable al independentismo, matizando, quizá, la ubicación de los contrincantes: los tienen en el escaño contiguo. Se ha visto ahora, una vez más, a cuenta de los líderes independentistas presos. Las cárceles catalanas no les permitirán, finalmente, confinarse en casa como prevención ante el coronavirus, cuando ellos ya lo daban por hecho. Y el independentismo se ha sumergido en su enésima batalla interna.
La Consejería de Justicia, en manos de Esquerra, justificó la negativa de las juntas de tratamiento por las supuestas «amenazas y coacciones» del Supremo a los funcionarios que las componen . Pero a los familiares no les convencieron estas explicaciones: «No sabía que también teníamos al enemigo en casa» , escribía en Twitter Montse Bassa, diputada de Esquerra en el Congreso y hermana de la exconsejera. Ni detrás, como supuestamente decía Churchill, ni al lado. El enemigo, «en casa». Y muchos posconvergentes aprovecharon la ocasión para atacar a ERC.
Todo parte de un anuncio de la Consejería de Justicia: prometían buscar todos los resquicios legales para que los internos clasificados en segundo grado que se benefician del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario pudieran confinarse en casa mientras dure el estado de alarma, con el fin de aligerar el riesgo de contagio en las cárceles. Esta era la situación, precisamente, de los nueve líderes secesionistas presos. Los del 100.2 en circunstancias normales -antes del confinamiento- disfrutaban salidas semanales para trabajar . Sin embargo, a diferencia de los que están en tercer grado, para ellos el reglamento no contempla que puedan dormir en casa.
El anuncio de la Generalitat desencadenó la rápida reacción del Tribunal Supremo, que no se esperó si quiera a que se pusiera en práctica. Manuel Marchena , presidente de la sala que condenó a los líderes del «procés», advertía a los funcionarios de las juntas de tratamiento de que podrían incurrir en un delito de prevaricación si les permitían dormir en casa . Finalmente las juntas de las tres cárceles donde están los políticos no les autorizaron a pernoctar en sus domicilios. Tampoco al resto de presos comunes que estaban en la misma situación. Únicamente dos cárceles -en las que no están los políticos- concedieron este salvoconducto a una quincena de presos de un total de 156 internos que se benefician del 100.2 en las cárceles catalanas. La consejera de Justicia, Ester Capella, lo achacó a las «inauditas coacciones» del Supremo a las juntas para «influir» en su decisión. Y fue entonces cuando comenzó a librarse esta nueva batalla.
En la enésima contienda fraticida no están tan definidas las trincheras republicanas y posconvergentes. Todo es más difuso. Los primeros en disparar fueron los familiares de los presos, tanto a través de las redes sociales como en un bucle de intervenciones en TV3. Blanca Bragulat, esposa de Jordi Turull (JpC), se revolvió en Twitter contra Capella. Montse Bassa, diputada de Esquerra en el Congreso, se quejó de que a su hermana se le negó incluso cuando ella ya tenía «la hoja firmada» para salir : «Que teníamos al enemigo en Madrid ya lo sabía, lo que no sabía es que también lo teníamos en casa», escribió. «A partir de ahora, si le pasa algo a mi madre (...) ya no será solo culpa del Supremo», añadía su hijo, también en las redes sociales.
La mirada puesta en Europa
Al río revuelto se lanzó de cabeza también la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que acusó a la Generalitat de «mantener a los presos políticos en la cárcel». Y el Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), a quien la Audiencia Nacional investiga por beneficiarse supuestamente de viajes costeados por un empresario, también pidió excarcelar a los políticos.
Ante este escenario el Govern trató de no arrojar más leña al fuego. Ante la prensa, la consejera portavoz , Meritxell Budó, intentó pasar de puntillas y se remitió a las explicaciones de Capella . Pese a que es la Generalitat quien tiene la competencia en la gestión de las prisiones, el presidente catalán, Quim Torra, se sacudió la responsabilidad y disparó por elevación. Envió una carta a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cargando contra las advertencias del Tribunal Supremo. También Oriol Junqueras, desde la cárcel de Lledoners, pidió el amparo «urgente» a la ONU y al Consejo de Europa al considerar que las «amenazas» del Alto Tribunal afecta a los derechos de los presos y «pone en riesgo la lucha contra el coronavirus». Ambos apuestan por internacionalizar sus quejas. Apuntar a un enemigo común exterior como intento de apaciguar a la propia parroquia.
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