Una reforma legal del Gobierno acabará con la detención incomunicada de los terroristas
El Ejecutivo asume así la tesis del TEDH, que ha utilizado ese mismo argumento para dar la razón a un preso de ETA
El Gobierno recurrirá el fallo europeo que amenaza con otra doctrina Parot a favor de numerosos etarras
Fuentes del Gobierno avanzaron ayer que el finalmente el Gobierno sí recurrirá la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que a principios de año dio la razón al etarra Xabier Atristain. Éste recurrió a ese tribunal con sede en Estrasburgo (Francia) después de que la Justicia española le condenara a 17 años de cárcel por pertenecer a ETA y manejar armas para cometer atentados tras entregarse a la Policía francesa en 2010.
Su argumento es que la confesión ante la fuerzas de seguridad que sirvió de base para esa condena se produjo asistido por un abogado de oficio , que era y es lo previsto por la ley española para arrestos incomunicados durante un máximo de cinco días, como en el caso de los terroristas. Estrasburgo le ha dado la razón, de forma que el Tribunal Supremo tuvo que dejarle en libertad el pasado mes de febrero a la espera de que el Gobierno español recurra esa sentencia del TEDH, que podría beneficiar a numerosos etarras en situación similar.
El Ejecutivo confirmaba ABC que lo hará, pero será casi 'in extremis'. De hecho, esas mismas fuentes apuntaban que sería entre ayer y hoy, porque este jueves empieza la Semana Santa y el plazo termina justo después, el próximo lunes. También explican que el motivo fundamental de ese recurso son las indemnizaciones que el Estado español tendría que pagar a estos etarras. Sólo en el primer caso, el de Atristain, hasta 20.000 euros: 12.000 por "daños morales" y otros 8.000 por costas judiciales y otros gastos.
Pero no parece que el Gobierno vaya a recurrir porque esté convencido de la legalidad y necesidad de esta medida para detenidos por terrorismo, como yihadistas o etarras. Tampoco porque esa incomunicación fuera avalada por el Tribunal Constitucional en 1987, por el propio TEDH en 2001 y por el anterior Gobierno socialista en 2011. De hecho, el Ejecutivo de Sánchez ya ha iniciado una reforma legal que acabará con esta figura incluso para los terroristas.
Este mismo año
La actual legislación española prevé la detención incomunicada para que las fuerzas de seguridad pueden arrestar a un detenido por graves delitos durante un máximo de tres días o hasta cinco para casos de terrorismo. Un plazo breve en el que se interroga al arrestado y se le ofrece un abogado de oficio, no el que él quiera para evitar que entorpezca el interrogatorio, en el que muchos terroristas confiesan.
Pero la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impulsa el Gobierno, y que espera que entre en vigor este mismo año, acabara con esa figura legal. El Ministerio de Justicia recordaba ayer a ABC que la nueva ley incorporará la doctrina europea que ahora se opone a que el detenido no pueda disponer de un abogado de confianza antes de que preste declaración policial, como apunta la sentencia del TEDH sobre el etarra Atristain.
Es decir, que el Ejecutivo recurrirá este fallo europeo por las indemnizaciones que le obliga a pagar a los etarras, como avanzaron ayer fuentes gubernamentales a este periódico. Pero, en el fondo, comparte con el TEDH que cualquier detenido, incluso un terrorista, debe elegir abogado desde el principio.
Y ello a pesar de que el Tribunal Constitucional en 1987, el propio TEDH en 2001 y el anterior Gobierno socialista en 2011 avalaron no sólo la legalidad, sino la necesidad de esta medida. De hecho, el Ejecutivo de Zapatero y Rubalcaba presentó hasta 24 razones para defenderla ante el Comité contra la Tortura de la ONU. El de Pedro Sánchez , sin embargo, ultima la reforma para acabar con esa figura.
