Los líderes del 1-O, condenados a entre 9 y 13 años de cárcel

El juicio del «procés» ha llegado a su fin. El Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación a Oriol Junqueras, como principal responsable de los actos que sucedieron en torno al 1 de octubre de 2017 en Cataluña, mientras que Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa tendrán que cumplir 12 años de pena. Carme Forcadell, presidenta del Parlament en aquel momento, ha sido condenada a 11 años y medio de cárcel, y Joaquim Forn y Josep Rull, a 10 años y medio. Una pena menor se ha impuesto a los Jordis, que estarán en prisión nueve años, y todavía menor a Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, que han sido condenados solo por desobediencia y se les ha impuesto 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación. El Supremo, en la sentencia, reconoce que durante los hechos se produjo violencia, aunque no la considera suficiente como para aplicar el delito de rebelión que pidió la Fiscalía. Para ello, tendría que haber sido instrumental, funcional, preordenada de forma directa y sin intermediarios, algo que no han visto los jueces. Explican también que los líderes del «procés» nunca tuvieron la capacidad real para imponer la independencia, a pesar de la gravedad de sus actos. El Supremo también responde en la sentencia a la reivindicación del secesionismo sobre un supuesto derecho a decidir: el Tribunal deja claro que el Derecho Internacional no reconoce en ningún caso el derecho de autodeterminación de Cataluña. La sentencia no ha acogido la petición de la Fiscalía de impedir el acceso de los condenados al tercer grado antes de cumplir la mitad de la pena impuesta, por lo que la Generalitat podrá darles a los condenados un grado de semilibertad encubierto cuando quiera.

Pedro Sánchez compareció en Moncloa, tras conocer la sentencia, para manifestar el más absoluto «respeto» a la Justicia. «El acatamiento de la sentencia supone su íntegro cumplimiento», aseguró el presidente de Gobierno, a la vez que defendió España como «una de las mejores democracias del mundo». Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, calificó la sentencia de «antidemocrática» y aseguró en una comparecencia institucional que pediría una reunión con el presidente del Gobierno y con el Rey para solicitar una «amnistía». Pablo Casado reclamó, sin embargo, que el Gobierno recuperase la competencia penitenciaria y garantizó a Sánchez su apoyo en el caso de que tenga que tomar medidas excepcionales en Cataluña. En el ámbito judicial, Llarena reactivó la euroorden y la orden internacional contra Carles Puigdemont, que permanece fugado en Bélgica. Por otro lado, las protestas independentistas han provocado cargas por parte de los mossos en el aeropuerto de Barcelona.

Esta sentencia exige una reforma penal

Los partidos políticos están llamados a reaccionar ante la sentencia del «procés», que hoy ha condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación a Oriol Junqueras y a penas de entre 9 y 11 a otros líderes del «procés», no equivocando el verdadero problema. El problema nunca será la Sala Segunda del TS, sino el separatismo catalán. Por eso es encomiable que tanto el PP como Ciudadanos hayan anticipado su apoyo al Gobierno en funciones para hacer frente a las reacciones de los nacionalistas, tanto de la Generalitat como de sus partidos políticos y sus asociaciones cívicas. Sería temerario que el fallo judicial que condena a severas penas de prisión a los nueve acusados actualmente encarcelados fuera causa de división entre los partidos nacionales. Si PSOE, PP y Ciudadanos se tiraran la sentencia a la cabeza, ganaría el nacionalismo catalán, y esto es algo que el Estado no se merece. También, por esta necesidad de consenso político, Sánchez debe cuidar la intervención pública que tiene anunciada para valorar la sentencia. Utilizar el «ya lo dijimos» por la condena que han recibido los acusados por el delito de sedición rompería la unidad de acción política que va a necesitar el Gobierno que preside en funciones para responder a las provocaciones del nacionalismo. Porque va a haber provocaciones y, probablemente, violentas. Entonces, ese acuerdo necesario entre los tres partidos que se oponen al secesionismo deberá tomar cuerpo en iniciativas conjuntas, ahora entre las Diputaciones Permanentes del Congreso de los Diputados y del Senado, y mañana, con la nueva legislatura, promoviendo reformas legales que demuestran que se ha aprendido la lección. La sentencia del «procés» será una auditoría a la capacidad penal del Estado frente al independentismo y, en función de lo que diga, puede marcar la pauta de una reforma penal que, por ejemplo, elimine el requisito de la violencia en el delito de rebelión y lo prevea como agravación de la pena. Y no olvidemos la ley de Partidos Políticos y sus medidas de ilegalización de formaciones antidemocráticas. Así quizá los nacionalistas se sientan disuadidos de hacer declaraciones unilaterales de independencia o de tejer procesos separatistas bajo la sonrisa de hiena que muestran siempre los nacionalismos identitarios. Los jueces llegan hasta el límite que les marca el principio de legalidad. Ni deben superarlo, ni deben suplir al legislador en sus carencias. La responsabilidad de que el Código Penal refleje adecuadamente los delitos que el Estado ha de perseguir recae en los representantes políticos de la nación. Sánchez, Casado y Rivera tienen la oportunidad de completar el trabajo de la Sala Segunda sellando un acuerdo constitucionalista para los próximos cuatro años. Si no, los jueces volverán a cargar con responsabilidades ajenas.