Maduro debe «bendecir» al nuevo embajador en Caracas aunque España reconoció a Guaidó
Si Exteriores presenta un candidato que incomode al régimen bolivariano, el relevo diplomático no será autorizado
Los pequeños detalles son fundamentales en los asuntos diplomáticos. Trámites rutinarios, enmarcados en ocasiones especiales, adquieren un matiz que le otorga mayor relevancia. En esta línea, y aunque desde el Ministerio de Exteriores se normalice el relevo del embajador español en Venezuela como parte de un «paquete» de renovaciones en Iberoamérica, el movimiento tiene mayor trasfondo al ir acompañado de una disfunción administrativa. Aunque España, como Estados Unidos o la Unión Europea (UE), reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado del país, será el régimen de Nicolás Maduro el que tenga que autorizar el cambio del líder de la misión diplomática de España en la embajada de Caracas.
Y esto, según destacan fuentes diplomáticas, tiene una doble lectura que avala la postura de los críticos, como el exministro José Manuel García Margallo, que en estas páginas advirtió que la sustitución de Jesús Silva al frente de la delegación en el país iberoamericano es un paso más en la estrategia de «blanqueamiento» de Maduro. En primer lugar, si el régimen bolivariano tiene que dar el visto bueno a este cambio, proponérselo lleva implícito reconocer su poder en detrimento de la figura de Guaidó, presidente encargado al que España no ha quitado el reconocimiento. En segundo lugar, y como consecuencia de la primera condición, España no puede aventurarse a presentar un embajador que le desagrade al poder venezolano, sino más bien tendrá que optar por una figura relativamente cómoda para obtener el visto bueno.
Todo ello en una complicada coyuntura geopolítica: mientras Josep Borrell, como jefe de la diplomacia europea, ordena retomar el diálogo para aplazar las próximas elecciones en Venezuela -sin el conocimiento explícito de Ursula von der Leyen-, EE.UU. continúa firme en su postura de no negociar con Maduro.
Fuentes del Ministerio de Exteriores explican que, en la convulsa situación que atraviesa Venezuela, este trámite no se puede hacer de otra form a. Las instituciones, pese a los posicionamientos y resoluciones internacionales, están en manos de Maduro y por ello, tanto España como el resto de países o instituciones que quieran realizar un procedimiento de este tipo, deben someterse al régimen actual, guste o no.
Evitable
para evitar el trago de tener que pasar por el visto bueno a Maduro, y al contrario de lo que ha hecho España, otros estados se limitan a mantener sin demasiados cambios sus misiones diplomáticas en la zona. De esta forma no tienen que reconocer de manera implícita a Maduro con el trámite de los plácets si antes han reconocido también a Guaidó. «Si pides un plácet reconoces al que manda [por Maduro], pero a la vez no quitas reconocimiento al que se lo has dado [Guaidó]. Es un desbajarauste», expresa un diplomático que prefiere guardar el anonimato.
Exteriores justificó que el cambio se produce en los plazos normales en los que suelen darse los relevos diplomáticos, unos dos o tres años desde que se comienza la misión en el país de destino. Sin embargo, al tratarse de una situación excepcional, con Venezuela inmersa en una profunda crisis democrática, quizá podría haberse alargado un poco más la estancia de Silva hasta que el panorama se aclarase un poco más.
En este punto, el mejor colocado en las quinielas para sustituir a Silva es Juan Fernández Trigo, titular en La Habana. Los diplomáticos preguntados por este tema coinciden al señalar que el cambio de responsabilidades es bastante notable y añaden que la persona finalmente designada tendrá que, como mínimo, no disgustar al régimen bolivariano para que el aparato de Maduro termine autorizando el cambio. Por ello no se espera un embajador especialmente combativo.
De momento, Exteriores no confirma si España ha remitido el plácet con el nombre del nuevo candidato a Maduro para que lo estudie y decida si lo concede o no. Desde el Ministerio explican que estos trámites no se suelen hacer públicos para evitar presionar a los estados a los que se les solicita el permiso.
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