La Justicia europea espera que Puigdemont pida que se restablezca su inmunidad parlamentaria

Los funcionarios del Tribunal General de la Unión Europea con sede en Luxemburgo dan por hecho que los abogados de Carles Puigdemont presentarán urgentemente un recurso reclamando medidas cautelares que suspendan la retirada de la inmunidad parlamentaria , tal como sugirió la propia entidad cuando dio validez a la decisión del Parlamento Europeo de despojar al expresidente de este privilegio.

En efecto, en julio pasado cuando los abogados de Puigdemont, Pontasti y Comin pidieron a la Justicia europea que mantuviera la inmunidad de los parlamentarios con el argumento de que en caso contrario no podrían ejercer sus funciones de representación política como cargos electos, el vicepresidente del Tribunal General tomó la decisión de negar esta medida cautelar a pesar de que sigue pendiente el recurso de los afectados contra la decisión del Parlamento Europeo. En la comunicación del tribunal se dice expresamente que «pese a la desestimación de la demanda de medidas provisionales, los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de que se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas». A la luz de este enunciado, este parece el camino más corto en estos momentos para la estrategia del abogado de Puigdemont, el excolaborador de ETA Gonzalo Boye, aunque en medios jurídicos se recuerda que el reconocimiento del derecho a presentar un recurso no prejuzga cual vaya a ser su resultado.

Este es según todos los indicios el camino más rápido que pueden usar los abogados de Puigdemont para entorpecer la labor de la justicia italiana, puesto que la idea de que la orden de detención queda automáticamente suspendida mientras el Tribunal de Justicia (otra instancia de la Justicia europea) resuelve la cuestión prejudicial, no está claro si es o no una consecuencia automática del procedimiento , como dicen los abogados del huido de la justicia. El Tribunal Supremo español había planteado una cuestión prejudicial pidiendo que la Justicia europea aclare si hay margen para que un país (en este caso se refiere a los argumentos usados por Bélgica) pueda negarse a ejecutar una orden europea de detención. Según la defensa de Puigdemont, ello deja automáticamente en suspenso la ejecución de la orden de detención a la que se refiere. En medio jurídicos europeos aseguran que no está tan claro que sea así, porque puesto que la decisión que tome en su día el Tribunal de Luxemburgo afectará a toda la UE, también podría considerarse que deberían suspenderse todas las órdenes europeas de detención.

En todo caso, el Tribunal General afirmaba en julio que España «que actúa en apoyo del Parlamento Europeo» en la discusión sobre la retirada de la inmunidad, «ha indicado que las ordenes europeas de detención han sido suspendidas » lo que fue utilizado por el juez en ese caso como un argumento para negar la petición que hacía Puigdemont para que fuera preservada provisionalmente su inmunidad.

A finales de abril fue detenido en Bruselas el eurodiputado griego Ioanis Lagos, miembro de la organización neonazi 'Amanecer Dorado' y perseguido por la justicia de su país. A pesar de su oposición a ser entregado a Grecia, la policía belga lo detuvo apenas horas después de que le fuese levantada su inmunidad y enviado a Atenas el 15 de mayo. Este sigue ejerciendo como eurodiputado desde la prisión de Domokou, a 250 kilómetros al noroeste de Atenas.